Cristina Kirchner está a un paso de la condena firme y lo sabe. Hoy entra el recurso de queja ante la Corte Suprema por la causa Vialidad, esa que la tiene contra las cuerdas, con una sentencia de seis años de prisión por corrupción y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si la Corte rechaza su planteo, la condena queda firme. Y aunque no pise una cárcel común gracias a su edad, lo cierto es que deberá cumplir una prisión domiciliaria. El fin de la impunidad está más cerca de lo que muchos imaginaban.

Pero ojo, esta no es la única causa que pesa sobre la expresidenta. La lista es larga y escandalosa: Hotesur y Los Sauces, donde se investiga el lavado de dinero a través de alquileres de hoteles y propiedades de su familia; el memorándum con Irán, ese pacto oscuro que intentó borrar las alertas rojas de Interpol contra los acusados del atentado a la AMIA; la ruta del dinero K, que destapó la obscena fortuna acumulada en bolsos y cuentas off-shore; y los cuadernos de la corrupción, que detallaron el sistema de coimas que financió su estructura política. Y hay más, pero con solo estas causas ya queda claro el nivel de desfalco que lideró.

Por eso ahora ataca con desesperación. En cada aparición pública, Cristina no hace otra cosa que victimizarse y disparar contra el gobierno de Javier Milei, contra la justicia y contra todo lo que se le cruce. Se victimiza, pero la realidad es que está quemando sus últimos cartuchos. Sabe que la Corte no va a frenar su condena y que su tiempo de poder se le escurre de las manos.

Si el Congreso tuviera un mínimo de responsabilidad, esta historia ya estaría cerrada. Hace años que la ley de Ficha Limpia debería haberse aprobado a nivel nacional, como ya lo hicieron varias provincias. Pero claro, en el Congreso todavía hay muchos que prefieren mirar para otro lado, porque saben que una ley así les impediría seguir viviendo de la política a costa del Estado.

Cristina Fernández de Kirchner está ante su ocaso definitivo. La justicia avanza y su impunidad se tambalea. El problema es que todavía hay quienes siguen defendiéndola, como si todo esto fuera una persecución política y no lo que realmente es: la caída de la jefa de la corrupción más grande de la historia argentina.