La jueza María Eugenia Capuchetti entendió que se trató de "una disputa política" entre ambos y que no debe intervenir el derecho penal
Manes denunció que Caputo, junto con Franco Iván Jeremías Antúnez Pachol (un youtuber conocido como Fran Fijap) y una tercera persona le profirieron "amenazas coactivas" y tras el discurso presidencial.
Al declarar, Manes dijo que sintió que además le dieron dos golpes en al zona renal y que lo "pecharon", mientras Caputo le decía: "Vos no me conocés a mí", "Ya me vas a conocer", "Ya vas a saber quien soy", lo que lo interpretó como una amenaza.
Una vez recibida la denuncia, el fiscal Ramiro González impulsó la acción, realizó medidas de prueba como requerir los videos de lo ocurrido y pedir informes al Congreso, donde le dijeron que no se había labrado ninguna actuación administrativa al respecto. Averiguó además que ni Manes ni Caputo tenían una custodia asignada.
Con estos elementos, la jueza concluyó que "se han corroborado los eventos que fueron denunciados", pero que eso no significaba que se hubiera cometido un delito.
Realizaban maniobras cuando se perdió rastro de ellos, el martes. Los encontraron adentro de su vehículo blindado a 4 metros de profundidad.
El 1° de marzo, en el Congreso, Manes y un compañero de bancada le gritaron a Milei, que paró su discurso para contestarles. "Fue en ese contexto, que distintos asesores o partidarios del presidente en ejercicio procedieron a confrontar a los legisladores", relató el fiscal.
Al concluir -continuó- "Caputo concurrió de forma directa hacia Manes, a fin de confrontarlo en uno de los pasillos de salida del palacio legislativo, oportunidad en la que se desarrolló, sin lugar a duda, un tumulto de varias personas (tanto allegados a Manes como a Caputo) en cuyo contexto y atento el reducido espacio en el que se encontraban todas las personas, incluidos los involucrados, la distancia personal entre los nombrados fue muy poca".
"Y fue allí, tal como afirma el denunciante, que Caputo pronunció frases de tenor confrontativo, como 'Me vas a conocer' o 'Tenés que estar limpio", agregó el fiscal.
En su resolución, la jueza destacó que no hay evidencias de que Manes hubiera recibido un golpe -que denominó un "cortito"- en la zona renal "ni se acreditó lesión o dolor alguno".
"La indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal", dijo la magistrada.
Y abogó por "el principio de la mínima intervención" y la utilización del derecho penal cuando no hay otra vía "efectiva para proteger los bienes jurídicos en juego".
Subrayó además que el Congreso es un "espacio de debate, deliberación y confrontación de ideas" donde las discusiones "puede ser intensas" pero "dentro de un intercambio político legítimo".
"Algunas expresiones pueden ser poco éticas, pero se dan en el marco de la confrontación de ideas", afirmó la jueza, y distinguió esas expresiones de una "amenaza o un acto de violencia".
Recordó además que antes de la avanzada de Caputo, Manes había interrumpido el discurso presidencial. "Las conductas que se compruebe que desplegó Santiago Caputo no puedan ser, en su juzgamiento y subsunción (o descarte) a una eventual figura penal, escindidas del contexto de debate público, acalorado y sensible, en que fueron desplegadas", dijo Capuchetti.
Con esos argumentos, la jueza afirmó: "El hecho apuntado fue en el contexto de una discusión política que se enmarca en un ámbito legislativo, lo que me permite inferir que los dichos propiciados por Caputo y Antúnez no poseen la entidad suficiente para afectar la determinación del diputado nacional, y como tal no resultan idóneos para conformar el tipo penal".
Según la magistrada, Manes quiso imputar un delito pero en realidad se trató de "una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido" y, en todo caso, se trató de una cuestión administrativa o disciplinaria del Congreso, pero no un ilícito.
Fuente: La Nación