Tras el rechazo del Senado a su pliego, Manuel García-Mansilla consultará al resto de los jueces de la Corte Suprema para decidir sobre su permanencia o no en el cuerpo.

Fuentes cercanas al juez nombrado en comisión por el presidente Javier Milei aseguraron a TN que García-Mansilla "quiere validar su estatus, dado el juramento que le tomaron y la votación del Senado".

Lo cierto es que la Corte Suprema no tiene función consultiva, es decir, no hay ningún mecanismo institucional previsto para que el máximo tribunal emita una opinión sobre este caso. Sobre todo, cuando hay una causa iniciada como la que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Si García-Mansilla decide apelar el fallo de Ramos Padilla que le ordenó no intervenir más en las causas en trámite ante la Corte por el rechazo a su pliego, la causa podría llegar al máximo tribunal para una decisión final y es por eso que los jueces no pueden dar ninguna opinión por fuera de un expediente puntual.

Incluso, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti tomó distancia de García-Mansilla este viernes al sostener que "nunca aceptaría ser designado por decreto".

"El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta, profundizó el magistrado y agregó: "No es cuestión de ganar o perder, es que funcionan las instituciones".

Lorenzetti destacó que lo que decida García-Mansilla "es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos".

Qué otras opciones tiene García-Mansilla

Con el rechazo del Senado se abrieron distintos escenarios para el juez nombrado en comisión por el Ejecutivo.

Pedro Caminos, abogado y profesor de Derecho Constitucional, le dijo a TN que, ante el rechazo del Senado, "hay dos bibliotecas". Y se explayó: "Una indica que García-Mansilla, como juez designado en comisión, tiene estabilidad hasta el fin de la próxima legislatura. La otra sostiene que si el Senado no presta el acuerdo, el designado en comisión cesa en su cargo".

"Particularmente creo que la interpretación correcta es la segunda porque la Constitución de 1853 establecía que el Presidente, durante el receso del Senado, podía nombrar a las personas para cubrir los empleos que requieran acuerdo del Senado y esa designación era definitiva. El único requisito que tenía que cumplirse era dar aviso al Senado", continuó Caminos, aunque aclaró: "La persona era nombrada hasta tanto el Senado tomara una decisión al respecto".

Al respecto, el especialista profundizó: "En 1860, cuando se reformó la Constitución, se consideró que esta atribución del Presidente era desmedida y por eso decidieron ponerle un límite: la designación sería hasta el fin de la próxima legislatura. Esto presupone entonces que estamos modificando lo que estaba en 1853?.

"El grave problema es que tenemos poquísimos antecedentes, pero entiendo que hay buenas razones para pensar que el rechazo del Senado implica el cese", advirtió Caminos.

Por su parte, el abogado constitucionalista Mariano Bär sostuvo que "en términos jurídicos, un rechazo del Senado los hace cesar automáticamente en sus cargos porque ya no hay inactividad senatorial, sino una actividad expresa de rechazo a las designaciones".

"Otra interpretación implicaría subvertir las reglas del juego,porque implicaría que una persona que es rechazada en el Senado después pueda ser puesta en comisión por el Presidente apenas entre en receso. Todo el sistema de pesos y contrapesos de la República quedaría desdibujado", alertó el constitucionalista a TN.

Además, si el caso se judicializa, Bär puntualiza que "es algo que va a tener que decidir la Justicia en sí misma y es contradictorio con el propio antecedente. Es complejo. Y el gran problema sería que llegue a la Corte, donde no va a ser fácil conseguir conjueces que tengan los mismos requisitos que tiene un ministro de la Corte, o sea, con acuerdo senatorial de dos tercios. Es un panorama institucional híper complicado y de crisis de gravedad", dijo Bär.

En el caso de Lijo no hay controversia, ya que la Corte sostuvo que no puede mantener su doble calidad de magistrado y decidió no tomarle juramento como juez en comisión "mientras continúe desempeñándose como juez titular con acuerdo del Senado".

Con esta decisión, Lijo vuelve a su juzgado a seguir desempeñándose como juez federal.