A partir de abril, los aumentos en las tarifas de energía y combustibles se mantendrán por debajo del 2% mensual, una medida adoptada por el Gobierno para no sumar presión a la inflación, en un contexto económico marcado por la volatilidad cambiaria y la presión financiera. Según fuentes oficiales, el incremento será del 1,7% en la electricidad y del 1,8% en el gas natural por redes. Esta decisión se enmarca dentro de la estrategia de evitar ajustes más agresivos, postergando un esquema tarifario con actualizaciones mensuales indexadas a la inflación, que comenzará a regir en mayo.

De esta manera, el Gobierno resuelve una serie de aumentos moderados, ajustando solo parcialmente el impuesto a los combustibles líquidos. En línea con esta política, la petrolera YPF anunció un aumento del 1,75% en promedio para las naftas y el gasoil en todo el país, compuesto por la devaluación, la actualización de los biocombustibles y los impuestos correspondientes.

La Secretaría de Energía, que está finalizando la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que definirá el camino de inversiones y ajustes hasta 2029, también trabaja en un sistema más estable para las futuras actualizaciones mensuales. Este proceso, que comenzó formalmente en las audiencias públicas de febrero, contempla que las empresas del sector energético presenten planes de inversión para mejorar la infraestructura de servicios a cambio de un esquema tarifario más predecible.

Atención usuarios: desde esta medianoche aumentan los combustibles en todo el país

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A partir de la primera hora de este martes, la petrolera YPF aplicará una suba en los precios de sus combustibles. En marzo ya hubo un ajuste de 1,9%.

En cuanto a las tarifas de agua y saneamiento, la empresa AySA aplicará un aumento del 1% a partir del consumo de abril, siguiendo la política de ajustes mensuales moderados implementada por el Ministerio de Economía.

Los incrementos de tarifas en un contexto de alta inflación y volatilidad cambiaria reflejan el esfuerzo del Gobierno por equilibrar la necesidad de ajustes en los servicios públicos con el objetivo de evitar una presión adicional sobre la economía de los hogares. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, una familia tipo en el AMBA necesitó en marzo $146.000 para cubrir los costos de servicios como luz, gas, agua y transporte, un aumento del 429% desde diciembre de 2023, lo que triplica la inflación acumulada en ese período.

Este impacto se ve reflejado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), donde la división "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" registró una suba interanual del 174,2%, muy por encima del 66,9% del índice general, lo que subraya la presión inflacionaria de los servicios regulados. Además, la consultora ACM señaló que en los últimos tres meses ha habido una divergencia entre la inflación de bienes (1,9% mensual promedio) y la de servicios (3,8%), impulsada por los aumentos en las tarifas reguladas.

En este escenario, las tarifas reguladas continúan siendo uno de los factores más relevantes que influyen sobre la inflación, especialmente cuando se observa la tendencia creciente en los precios de servicios esenciales. El desafío del Gobierno será gestionar estas subas sin que generen un desajuste adicional en el consumo y la economía de los hogares.