Entrevistado en el programa La Verdad al Aire, en MNews Radio, El Observador Mendoza 106.1, el diputado provincial, José Luis Ramón, titular de la Comisión  de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza, comentó acerca del pedido de informes que realizaron a los fiscales  Juan Ticheli y Alejandro Iturbide por la imputación a los directivos de Fecovita.

Ramón sostuvo que el conflicto involucra una disputa de carácter comercial entre Fecovita -entidad que agrupa a más de 5.000 productores y concentra el 30% de la producción vitícola y vitivinícola de Mendoza y del país- y  la empresa eslovaca Iberte, dirigida por un ciudadano español, la cual tiene vínculos con un estudio jurídico contable con sede en la provincia.
En ese sentido, explicó que el pedido de informes fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos y Garantías, con el acompañamiento de legisladores de diferentes partidos, incluyendo el radicalismo y el justicialismo. "El objetivo es esclarecer el accionar del Ministerio Público Fiscal, específicamente de los fiscales Iturbide y Ticheli, quienes impulsaron imputaciones contra directivos de Fecovita", argumentó.
Según el diputado, la documentación disponible -que supera las 500 fojas distribuidas en tres expedientes- sugiere que el conflicto es estrictamente comercial y que se habría utilizado la vía penal de forma indebida para presionar a la dirigencia de la Federación.
Ramón señaló que la Comisión envió un veedor a la última asamblea de Fecovita, en la cual se aprobaron balances y gestiones por unanimidad, lo que refuerza la legalidad del accionar de los directivos. Ante esto, se cuestiona la validez de las pruebas utilizadas por los fiscales y se advierte que, de confirmarse irregularidades, se podría activar el mecanismo del jury de enjuiciamiento contra los funcionarios judiciales involucrados.
El tratamiento de este pedido en el recinto legislativo está previsto para la próxima semana, como parte de la labor parlamentaria.
"No se puede judicializar un conflicto comercial a costa de 5.000 productores. Si la justicia se vuelve instrumento de presión, peligra la institucionalidad misma.", cerró el diputado.