Hay debates que parecen técnicos, casi de especialistas, pero que en el fondo tocan el bolsillo y el modelo de país. El del dumping, la licitación ganada por una empresa de origen indio y el cruce público entre Javier Milei y Paolo Rocca no es solo una pelea entre un presidente libertario y el dueño del grupo industrial más poderoso de la Argentina. Es, otra vez, la vieja discusión sobre cómo nos insertamos en el mundo y quién paga los costos.

Vamos por partes. El dumping, en términos simples, es vender por debajo del costo para ganar mercado. Cuando una empresa extranjera ofrece precios imposibles de igualar para la industria local, la pregunta es inevitable: ¿es eficiencia real o una estrategia para barrer competidores? Ahí aparece Techint, que denuncia dumping y reclama protección, y un Gobierno que responde con una lógica distinta: si alguien vende más barato, el Estado no tiene por qué intervenir.

El problema es que la historia argentina vuelve incómoda esa discusión. Techint no es una pyme indefensa. Es un gigante con presencia global, nacido al calor del Estado desarrollista, fortalecido con obra pública, energía barata, aranceles protectores y contratos estratégicos. Desde SOMISA hasta los grandes gasoductos, pasando por Vaca Muerta, Techint creció siempre muy cerca del poder político, sin importar el color del gobierno de turno.

¿Recibió beneficios en perjuicio de otras empresas nacionales? La respuesta honesta es: muchas veces sí. Durante décadas, la política industrial argentina eligió "campeones nacionales", y Techint fue el campeón por excelencia. Subsidios energéticos, protecciones aduaneras y contratos hechos a medida que no siempre estuvieron disponibles para otros jugadores. Y esos beneficios, conviene no olvidarlo, los terminamos pagando los argentinos: con tarifas, con impuestos o con menos competencia.

Sobre las coimas, también hay que hablar con datos, no con slogans. Techint admitió pagos ilegales en el marco del caso Lava Jato en Brasil y acordó multas en Estados Unidos e Italia. No fue una denuncia mediática: fue una causa judicial internacional con reconocimiento de los hechos. Eso no invalida todo lo que hace la empresa, pero sí rompe el mito de la pureza empresarial frente a un Estado siempre corrupto.

El conflicto no es moral sino estructural. Techint denuncia dumping, pero durante años creció al amparo de un Estado que la protegió y la favoreció. Milei plantea reglas de mercado más duras, pero omite que el dumping existe y que ningún país serio lo deja pasar sin control.
El problema no es quién gana una licitación, sino cómo se fijan las reglas. Cuando el Estado protege a los grandes, el costo lo pagan los argentinos. Y cuando el Estado se corre por completo, también.

Baja de la edad de imputabilidad, un debate que simplifica problemas y apela más al castigo que al cuidado

Analistas

Columnista invitado (*) l La baja de la edad de punibilidad vuelve a escena como respuesta rápida al miedo social. Pero detrás del castigo temprano aparecen preguntas más profundas sobre cuidado, responsabilidad adulta y el lugar que la sociedad les da a las adolescencias.