En una entrevista televisiva, el funcionario detalló los alcances de la intimación formal realizada por el Gobierno de Javier Milei en el marco de la Convemar. La medida busca frenar la extracción unilateral de hidrocarburos en la Plataforma Continental argentina, sin poner en juego la discusión por la soberanía.
El canciller Pablo Quirno explicó este lunes los alcances del proceso legal iniciado por el Gobierno nacional contra el Reino Unido con el objetivo de frenar la explotación unilateral de hidrocarburos en las Islas Malvinas, y aseguró que se trata de una acción completamente inédita en la historia del reclamo argentino.
En diálogo con Eduardo Feinmann en A24, el funcionario detalló que la Argentina intimó formalmente a Londres como paso previo y obligatorio al inicio de un procedimiento arbitral amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
"Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal", remarcó Quirno durante la entrevista.
La ofensiva jurídica apunta de manera específica a las actividades hidrocarburíferas desplegadas en la Cuenca Malvinas Norte, con especial atención en el proyecto Sea Lion. Desde la óptica de la Casa Rosada, estas operaciones avanzan sobre recursos no renovables que pertenecen de forma exclusiva a la Plataforma Continental argentina.
"Son recursos que están siendo explotados y forman parte de nuestra Plataforma Continental. Son recursos no renovables y que son nuestros, no puede haber decisiones unilaterales", sostuvo el titular del Palacio San Martín.

El Presidente viajó rumbo a Francia para liderar el foro internacional que se desarrollará en la sede de la OCDE. La agenda incluirá cumbres con líderes de multinacionales europeas, sectores estratégicos como energía, minería y tecnología, y un cónclave bilateral en el Palacio del Elíseo.
El mecanismo legal activado contempla inicialmente un plazo de 15 días corridos para que el gobierno británico decida suspender las actividades objetadas. En caso de que el Reino Unido rechace la intimación o mantenga el silencio, la Argentina acudirá de forma directa al Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el fin de exigir medidas provisionales de urgencia mientras se termina de constituir el tribunal arbitral definitivo. El canciller advirtió que el dictamen final tendrá carácter vinculante: "El arbitraje tendrá una decisión y los resultados serán obligatorios".
Frente a los cuestionamientos de diversos sectores políticos sobre la postura exterior en materia de soberanía, Quirno salió al cruce y defendió la hoja de ruta adoptada por la gestión de Javier Milei: "No somos ni más ni menos 'malvineros' que cualquier argentino".
El ministro indicó que la administración libertaria optó por robustecer el abanico de herramientas jurídicas y comerciales disponibles. Como antecedente inmediato, recordó que el Ejecutivo reglamentó la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra firmas, proveedoras y ejecutivos vinculados a licencias hidrocarburíferas otorgadas por las autoridades británicas en el archipiélago, sumado a las acciones penales impulsadas durante el mes de septiembre.
Asimismo, Quirno aclaró un punto fundamental de la demanda: el arbitraje internacional no somete a discusión la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas -cuyo reclamo histórico e indeclinable se mantiene inalterado-, sino que se circunscribe estrictamente a las infracciones derivadas de los actos unilaterales sobre los recursos naturales. "El objetivo nuestro es que ninguna parte realice medidas unilaterales", concluyó.