El Gobierno argentino exigió formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la suspensión inmediata de las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La medida apunta de forma directa al proyecto denominado "Sea Lion" y al otorgamiento no autorizado de permisos de explotación en la Plataforma Continental Argentina.

A través de un comunicado emitido este lunes, la Oficina del Presidente informó que el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional. La acción se fundamenta formalmente en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El requerimiento fija un plazo perentorio de dos semanas para que el Reino Unido adopte las medidas necesarias que impidan el inicio o la continuación de la extracción petrolera. En caso de incumplimiento, la Argentina solicitará medidas provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

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 La demanda de cobertura y un escenario internacional más adverso para los emergentes volvieron a tensionar a los mercados.

Desde la Casa Rosada recordaron que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2065 (XX), reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Asimismo, el Ejecutivo enfatizó la vigencia de la Resolución 31/49 de la ONU, la cual insta a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales vulnera el derecho internacional y genera un perjuicio irreparable a los derechos de soberanía argentinos.

En el mismo documento, la administración nacional manifestó su rechazo categórico a la respuesta británica tras la declaración formulada por el presidente Milei ante la ONU. El texto remarca que la denominación de "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum celebrado en 2013 no alteran la existencia ni el objeto de la controversia internacional.

De forma paralela, las autoridades nacionales detectaron operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con la ciudad chilena de Punta Arenas. Las maniobras se efectuaron con una aeronave de matrícula británica y sin la correspondiente autorización argentina.

Ante esta infracción, la Presidencia ordenó dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios administrativos, denuncias penales y gestiones diplomáticas pertinentes.

El comunicado oficial concluye ratificando que la República Argentina continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza mediante el uso de todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional.

Fuente: La Voz del Interior