El expresidente Mauricio Macri cuestionó con dureza este miércoles a la jueza bonaerense que resolvió frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. A través de un mensaje publicado en la red social X, calificó de "inaceptable" que una medida cautelar dictada por un juzgado provincial haya impedido la vigencia de una ley nacional y advirtió sobre una preocupante alteración en el equilibrio de poderes.

La resolución en el centro de la polémica fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada frenó la normativa de manera preventiva por un plazo de 60 días, argumentando la falta de infraestructura del Estado provincial para afrontar el incremento de adolescentes institucionalizados tras la baja de la edad de imputabilidad que fija la Ley 27.801.

Frente a este escenario, Macri sostuvo que "nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas" y remarcó que los tribunales solo deben ejercer el control de constitucionalidad en el marco de causas concretas. Además, criticó que la jueza se basara en presunciones y lamentó que una norma promulgada por el Poder Ejecutivo y vigente en todo el país haya quedado sin efecto en el distrito más poblado del territorio argentino por la decisión de un juzgado de primera instancia.

La ofensiva política y judicial contra el fallo no tardó en articularse en varios frentes. Desde La Libertad Avanza, el dirigente bonaerense Sebastián Pareja catalogó la medida como "profundamente antidemocrática" y el espacio confirmó que impulsará un juicio político contra la magistrada, al igual que el diputado provincial Manuel Passaglia, quien formalizará un pedido de jury. En el ámbito técnico, la Fiscalía de Lomas de Zamora interpuso un recurso de apelación al considerar que la jueza avanzó sobre atribuciones legislativas y solicitó que la cautelar pierda efecto de manera inmediata mientras la Cámara de Apelación y Garantías resuelve la cuestión de fondo.