El futuro de la reforma laboral impulsada por la gestión libertaria se encamina hacia una definición irreversible en la Corte Suprema de Justicia. Luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fallara a favor del Estado la semana pasada, permitiendo que la normativa recupere su plena vigencia operativa, el Gobierno nacional ratificó su confianza en que el máximo tribunal le propinará una "derrota definitiva" a la estrategia judicial de la Confederación General del Trabajo (CGT). 

Fuentes oficiales señalaron que la judicialización es "el único camino" que le queda al sindicalismo ante una ley que consideran legal y necesaria.

En respuesta al fallo de los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González -quienes levantaron la medida cautelar que mantenía suspendidos 82 artículos de la reforma-, la conducción cegetista presentó este lunes una recusación formal contra ambos magistrados. El movimiento obrero solicitó la "nulidad absoluta" de la resolución alegando que los integrantes de la Cámara incurrieron en un "prejuzgamiento" sobre la materia de fondo. Para la calle Azopardo, la decisión judicial no solo vulnera derechos laborales adquiridos, sino que carece de imparcialidad por haber avanzado sobre cuestiones que excedían el alcance de la apelación.

El conflicto escaló hacia el plano ético con una acusación directa contra el juez Pesino. En el escrito legal, la CGT recusó al magistrado por haber sido supuestamente favorecido por el Poder Ejecutivo con un pedido ante el Consejo de la Magistratura para extender su mandato por cinco años más allá del límite constitucional de los 75 años. 

Los abogados del gremio calificaron como "descalificable" que el Estado promueva la continuidad de un juez que acaba de fallar a favor de la posición oficial, argumentando que obtener un beneficio de tal magnitud constituye una causa objetiva de apartamiento de la causa.

Mientras la batalla procesal se intensifica en los tribunales inferiores, la Casa Rosada observa el escenario con tranquilidad, convencida de que los planteos de nulidad no prosperarán. El oficialismo sostiene que la ley, sancionada durante las sesiones extraordinarias, cumple con todos los requisitos de constitucionalidad y que la intervención de la Corte Suprema pondrá fin a la incertidumbre que hoy afecta al mercado de trabajo. De esta manera, la vigencia de la reforma laboral queda supeditada a los tiempos del máximo tribunal, en una semana donde la tensión entre el Gobierno y los sindicatos promete trasladarse nuevamente a las calles con la movilización prevista por la CGT para el próximo jueves.