El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, envió una intimación formal a los rectores de las universidades públicas nacionales para que detallen sus planes de contingencia frente a las medidas de fuerza gremiales. A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Gobierno manifestó su "extrema preocupación" por la suspensión total de actividades académicas en diversas instituciones del país y demandó conocer qué estrategias se implementarán para asegurar la continuidad del ciclo lectivo y el acceso de los alumnos a las aulas.

En el comunicado oficial, la cartera educativa sugirió a las autoridades universitarias la implementación de modalidades virtuales, reprogramaciones horarias y esquemas que permitan el dictado de clases por parte de aquellos docentes que decidan no adherir a los paros. El objetivo central del Ejecutivo es evitar que los estudiantes pierdan la regularidad de sus materias o se vean afectados por la cancelación de mesas de examen, especialmente en casos donde las huelgas se extienden durante semanas completas, afectando severamente el calendario académico.

El planteo del Gobierno vincula directamente el envío de fondos con la operatividad del sistema. Desde Capital Humano advirtieron que los recursos presupuestarios nacionales están destinados al cumplimiento de fines educativos específicos y que el sostenimiento financiero exige, como condición necesaria, la protección del derecho de enseñar y aprender. Esta advertencia escala la tensión en un frente ya conflictivo, donde el oficialismo cuestiona la gestión de los recursos mientras los gremios denuncian un desfinanciamiento que pone en riesgo el funcionamiento básico de las casas de estudio.

La intimación se produce en un clima de creciente movilización estudiantil y docente. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, ratificaron la convocatoria a una nueva marcha federal para el próximo 12 de mayo. La protesta, que será la cuarta de este tipo bajo la actual gestión, reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar salarios, becas y programas de investigación, en un conflicto que parece lejos de resolverse en el corto plazo.