En busca de la verdad
En busca de la verdad
La restricción de Milei se sostiene desde el jueves pasado y no hay fecha prevista para levantar la medida; la Iglesia pide que se respete la libertad de prensa.
"Por ahora, no". Fue esa la respuesta de un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, que, por tercer día hábil consecutivo, impide el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Sin dar mayores explicaciones, desde Balcarce 50 evitaron dar precisiones sobre el plazo de finalización de la medida, que incluye la baja de las acreditaciones de todos los medios y de la huella digital que día a día permite el ingreso de los periodistas acreditados a la sala de prensa y a las instalaciones de la sede de gobierno.
El jueves pasado, y sin aviso previo, el Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas. Adujo, en un primer momento, la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal llevada a cabo por la Casa Militar, que depende de Karina Milei, contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.
"La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional", explicó el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari.
La medida se sostuvo sin cambios desde el jueves.
Mientras los acreditados debieron recurrir a bares cercanos para poder continuar sus tareas laborales, comenzó una extensa serie de repudios, que incluyó distintos partidos y dirigentes de la oposición, entidades periodísticas como ADEPA y Fopea, y representantes de la sociedad civil. El viernes pasado, el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, recibió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina a representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Y estará hoy junto a los periodistas en la Plaza de Mayo para escenificar su respaldo al reclamo a la prensa para poder ingresar a desempeñar su tarea.
"Los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de este espacio que funciona en la Casa de Gobierno, de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940. Reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar -fuente de sustento para sus familias-, a la libre expresión y a la información a la sociedad. A su vez, hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias", expresó la Pastoral Social en un comunicado.
En el texto también se aclara que durante la reunión "se coincidió en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a "desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes (.) Hacemos votos por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento", finaliza el comunicado.
El diario Ámbito Financiero presentó en las últimas horas un amparo para revocar la medida gubernamental, que recayó en el juzgado contencioso a cargo de Lara Correa.
Desde el Gobierno, en tanto, las señales apuntan a la continuidad de la medida, inédita desde la recuperación de la democracia, en 1983. En su cuenta de X, el presidente Milei reposteó un mensaje del usuario Alan Wentinck, en el que afirmó: "Los argentinos no necesitan una "sala de prensa" en Casa Rosada y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios. De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X", sostuvo.
Tanto en ese como en otros posteos, distintos referentes y medios libertarios abundaron en críticas hacia la periodista Luciana Geuna, de TN, que en su programa sostuvo que las filmaciones que dieron pie a la denuncia penal en su contra, emitidas en el programa que conduce, tuvieron "autorización" previa de integrantes del Gobierno.
Es el segundo pago del año de los intereses trimestrales por la deuda total con el organismo. Para mayo, se prevé que el organismo haga el giro por US$1000 millones.
