El Gobierno nacional decidió elevar la apuesta en su conflicto con el Poder Judicial y prepara una serie de denuncias contra el juez Raúl Ojeda, quien no solo dictó una medida cautelar a favor de la CGT para frenar la reforma laboral, sino que además cuestionó la legitimidad de los representantes legales del Estado. En Balcarce 50 consideran que la actuación del magistrado excede lo jurídico y entra en el terreno de la "persecución política", por lo que la decisión es avanzar a través de todas las vías posibles.

La estrategia oficial no se limita a la discusión de fondo sobre el contenido de la reforma. El malestar escaló tras la resolución de Ojeda de desconocer la intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y sus subprocuradores, bajo el argumento de que no se encontraban matriculados para actuar en el expediente. Desde el Ejecutivo rechazan de plano este criterio, sosteniendo que la representación estatal está garantizada por el cargo y el régimen legal de la Procuración del Tesoro, calificando la medida como un ataque directo al derecho de defensa del Estado.

La ofensiva del oficialismo se da en un contexto de máxima tensión por la jurisdicción de la causa. Mientras el Gobierno busca trasladar el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal -donde ya obtuvo un fallo favorable sobre la inhibitoria-, Ojeda mantuvo su intervención en el fuero laboral. Esta dualidad es interpretada en la Casa Rosada como una maniobra para dilatar la aplicación de las nuevas normativas laborales.

Ante esta situación, la mesa técnica del Gobierno activó el siguiente plan de acción:

• Consejo de la Magistratura: Presentación de un pedido de juicio político para evaluar la conducta del magistrado.
  
• Per Saltum: Recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal tome intervención directa sobre la cautelar.
  
• Denuncia Penal: Se suma a la ya presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos por presunto abuso de autoridad.
  

Desde el oficialismo deslizan que estas acciones son solo el comienzo y que mantienen bajo reserva otras medidas administrativas y judiciales. La lectura política es clara: el Gobierno no permitirá que un "criterio de matriculación" frene una reforma de alta sensibilidad que consideran clave para la reactivación económica, y buscará sentar un precedente sobre la autonomía de la Procuración del Tesoro en la defensa de los intereses nacionales.