El oficialismo busca dictaminar este miércoles un proyecto que agiliza el registro de usuarios legítimos y extiende el programa de entrega voluntaria. "Queremos un sistema ágil y sencillo que fomente la legalidad", destacan desde el Ejecutivo.
En un paso decisivo hacia la modernización de los sistemas de control estatal, el Senado de la Nación reactivará este miércoles el plenario de comisiones para tratar el proyecto de ley de regularización de tenencia de armas de fuego. La iniciativa, enviada originalmente por el presidente Javier Milei, busca convertir en ley un mecanismo que simplifique los trámites para los ciudadanos cumplidores, al tiempo que sanea el sistema de armas en circulación mediante la destrucción de material no registrado.
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, presidido por el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada, recibirá al Director Ejecutivo de la ANMaC (ex RENAR), Juan Pablo Allan, quien brindará los detalles técnicos del impacto de la norma. El objetivo de La Libertad Avanza es obtener dictamen esta misma semana para llevar el proyecto al recinto en los primeros días de mayo.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone una transformación profunda en la relación entre el ciudadano y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Entre los puntos más destacados se encuentran:
En paralelo a la regularización, el Gobierno impulsa la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta diciembre de 2027. Este programa permite que cualquier ciudadano entregue armas de forma anónima y voluntaria a cambio de un incentivo económico (cupón canjeable por efectivo).
El proceso garantiza transparencia total: el arma es inutilizada frente al usuario en el momento de la entrega y luego enviada a hornos de alta temperatura para su destrucción definitiva. Desde la ANMaC aclararon con firmeza que esta legislación se enfoca estrictamente en la tenencia legítima, reafirmando que la portación sigue siendo una facultad exclusiva de las fuerzas de seguridad y personal autorizado.
Con esta ley, el oficialismo busca no solo actualizar un registro que ha quedado obsoleto tras años de desidia, sino también fomentar que el armamento civil esté correctamente identificado y en manos de usuarios idóneos, retirando de las calles el material sobrante de forma segura y voluntaria.