En busca de la verdad
En busca de la verdad
Javier Milei anunciaría ambos proyectos en la apertura de sesiones ordinarias. La Casa Rosada entra en modo "reforma permanente" como estrategia.
El Gobierno, mientras busca poner en su espejo retrovisor la reforma laboral y la ley penal juvenil, comienza a trazar la ruta para marzo en el Congreso. En ese mapa el presidente Javier Milei tendría dos iniciativas en mente para anunciar durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias: una reforma educativa y otra fiscal.
En el primer piso de la Casa Rosada, de acuerdo a lo que reconstruyó El Observador, están convencidos de que el camino para 2026 en términos de estrategia política es avanzar con toda discusión pública sobre reformas. Independientemente de si logren plasmarla en leyes concretas o quede sólo en el debate. "No tenemos rival, a priori, en el horizonte de este año. Tenemos que mostrar proactividad con una agenda de reformas de cara al 2027", analizó un integrante de la mesa presidencial.
El Gobierno piensa el post reforma laboral
La lógica no es nueva: elegir dos o tres temas que puedan ordenarse como "modernización", empujarlos al centro de la conversación pública y obligar al resto del sistema político a reaccionar. En el oficialismo creen que ese método les permite, al mismo tiempo, evitar que la oposición encuentre un discurso unificado y mantener a la Casa Rosada como organizadora del debate, incluso cuando los votos para aprobar una ley no estén garantizados.
La primera iniciativa que el Presidente tiene en mente es una reforma educativa con un concepto que en el Gobierno repiten sin demasiados matices: "total libertad". En la práctica, esa consigna apunta a habilitar con fuerza la educación en el hogar, reducir al mínimo la injerencia nacional en la gestión cotidiana y empujar una mayor provincialización del sistema.
El Gobierno se prepara para el post reforma laboral con modernizaciones en lo fiscal y educativo.
La reforma educativa, el próximo anuncio de Javier Milei
Sin embargo, en la letra chica que hoy se discute puertas adentro aparece la tensión central del proyecto: la Casa Rosada quiere correrse del financiamiento, pero sin soltar las palancas de control. El esquema que exploran combina autonomía para las provincias con una fuerte presencia nacional en títulos, homologaciones, planes de estudio y mecanismos de evaluación docente. Dicho de otro modo: definir estándares y fiscalizar resultados desde Nación, mientras el costo operativo y las discusiones salariales quedan, sobre todo, del otro lado del mostrador.
El encargado de llevar ese borrador a un texto presentable es el secretario de Educación, Carlos Torrendell, que trabaja hace meses para llegar al 1° de marzo con el proyecto listo o, al menos, con lineamientos cerrados para anunciar. En el Ministerio de Capital Humano hay una comisión técnica armada para ese objetivo, con la instrucción de ordenar un texto que sea "vendible" políticamente y defendible en términos jurídicos, en un terreno sensible por la distribución de competencias entre Nación y provincias.
El Gobierno se prepara para el post reforma laboral con modernizaciones en lo fiscal y educativo.
El Gobierno se prepara para el post reforma laboral con modernizaciones en lo fiscal y educativo.
La reforma fiscal, el otro capítulo que prepara el Gobierno
En el Gobierno admiten que el capítulo educativo busca una doble señal. Hacia el electorado, la promesa de libertad de elección y la idea de "romper burocracias". Hacia los gobernadores, la invitación -o la presión- para hacerse cargo de la administración sin esperar cheques nacionales. En el medio, una discusión inevitable: cómo se compatibiliza esa provincialización con un control centralizado de contenidos y credenciales, sin abrir una guerra federal por recursos y responsabilidades.
La segunda iniciativa que Milei planea poner sobre la mesa es una reforma fiscal que se aceleró por un motivo concreto: la imposibilidad del oficialismo de lograr, dentro de la reforma laboral, la baja del impuesto a las Ganancias como quería el Gobierno. En Balcarce 50 interpretan ese episodio como un recordatorio de que la negociación tributaria será el verdadero campo minado de 2026.
La Casa Rosada quiere retomar los lineamientos del Pacto de Mayo con un objetivo político nítido: empujar a las provincias a reducir alícuotas de Ingresos Brutos y avanzar hacia una simplificación del régimen tributario. El diagnóstico que repiten en el oficialismo es que el entramado de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales funciona como un freno a la formalización y a la inversión. El problema, como siempre, es el puente entre el diagnóstico y el acuerdo: Ingresos Brutos es la caja más sensible de los gobernadores, y tocarla implica discutir compensaciones o rediseños que el Gobierno mira con recelo.
En esa tensión se mezclan, además, las heridas recientes de la negociación por la reforma laboral. La administración libertaria viene de un round en el que quedó expuesta la resistencia de las provincias a ceder recaudación sin un mecanismo claro de reemplazo. El Gobierno quiere evitar que el debate fiscal derive, otra vez, en un intercambio de pedidos de fondos discrecionales. Los gobernadores, por su parte, temen firmar una rebaja que los deje expuestos a un ajuste sin red.
Aun así, en el oficialismo creen que el anuncio en el discurso del 1° de marzo sirve aunque el proyecto tarde meses en aterrizar. La apuesta es instalar un eje: "bajar impuestos distorsivos" y trasladar a la oposición -y a los mandatarios provinciales- el costo de bloquearlo.
Más allá del contenido puntual, en la Casa Rosada sostienen que el objetivo es político: instalar temas, producir discusión pública, forzar posicionamientos y sostener la idea de un gobierno reformista. Una parte del oficialismo admite, en privado, que incluso una derrota legislativa puede resultar útil si deja a la oposición dividida y al Gobierno ocupando el centro de la escena.
La lectura se completa con un dato que en Balcarce 50 dan por descontado: la oposición está atomizada, sin liderazgo unificado y con incentivos cruzados. Bajo esa mirada, al Gobierno no le urge cerrar cada ley en tiempo récord; le alcanza con sostener la iniciativa, elegir los terrenos de disputa y llegar a 2027 con un relato de "modernización" en marcha, aun cuando los resultados en el Congreso sean parciales.
En ese marco, el discurso de apertura de sesiones ordinarias aparece como una pieza de campaña anticipada: dos reformas con alto voltaje simbólico -educación y sistema impositivo- para abrir el año legislativo con una promesa de cambio y un mensaje interno: la Casa Rosada quiere seguir jugando en ofensiva. Si después los votos aparecen, será una consecuencia. Si no, el plan -dicen- igual se cumple: discutir, dividir, marcar agenda y obligar a todos a hablar en los términos de Milei.
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Opositores duros y dialoguistas ponen el foco en algunos artículos, como los cambios en las licencias y el Fondo de Asistencia Laboral. Si el texto sufre modificaciones, debe volver al Senado
