En busca de la verdad
En busca de la verdad
Lo hará este viernes. La Cámara Federal porteña había anulado la inhibición sobre los bienes del expresidente y le había ordenado al magistrado definir su situación. Luego de ampliar su declaración, resolverá si lo procesan o no.
El juez federal Sebastián Casanello citó al expresidente Alberto Fernández a ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa por presunta corrupción vinculada a contratos con Nación Seguros S.A. La citación fue fijada para este viernes 4 de julio a las 10, luego de que la Cámara Federal porteña le ordenara al magistrado definir la situación procesal de todos los imputados.
La causa, que investiga operaciones millonarias de seguros durante la gestión de Fernández, apunta a un presunto esquema de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. El eje de la acusación es un decreto firmado por el exmandatario que obligaba a todos los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, medida que fue derogada por el actual gobierno de Javier Milei.
El expediente incluye 45 contratos sospechosos, 25 intermediarios, millonarias comisiones y hasta una cooperativa que habría funcionado como financiera para desviar fondos públicos a privados. Una de las figuras centrales de la causa es el broker Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández y esposo de su exsecretaria privada María Cantero, ambos también implicados en la investigación.
En una decisión paralela, la Cámara Federal ordenó anular las inhibiciones de bienes que habían sido dictadas por Casanello en abril contra Fernández, Cantero y Martínez Sosa. La medida también beneficia a otros brokers involucrados en la presunta maniobra.
El fiscal Ramiro González dio por terminada la investigación contra el expresidente y comenzó los pasos formales para solicitar la elevación a juicio.
La causa, que comenzó bajo la órbita del juez Julián Ercolini, quedó en manos de Casanello a principios de este año. Desde entonces, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de varios implicados, entre ellos Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, sospechado de actuar como eventual testaferro del expresidente o de Martínez Sosa.
Uno de los avances clave de la investigación fue un informe de 600 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que reveló vínculos estrechos entre funcionarios públicos y empresarios privados en torno a los contratos investigados. El documento menciona expresamente a Rodríguez, a quien se le solicitó a la AFIP un análisis exhaustivo de su patrimonio.
La Justicia busca determinar si existió una estructura criminal organizada para direccionar contratos de seguros estatales y beneficiar económicamente a intermediarios privados en perjuicio de las arcas públicas.
La declaración de Alberto Fernández será central para definir los próximos pasos en una causa que sacude al ámbito político y judicial argentino.
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