Desde que asumió su cargo, Santiago Castro Videla no está adelante de la litigación. En su lugar ejerce Juan Ignacio Stampalija, uno de los subprocuradores.
Este lunes, un nuevo capítulo judicial golpeó al Estado argentino: la Justicia de Estados Unidos ordenó al país entregar el 51% de las acciones de YPF, en el marco del millonario juicio por la expropiación de la petrolera. Tras conocerse el fallo, el Gobierno confirmó que apelará la medida a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de representar legalmente al Estado nacional.
Sin embargo, el caso no será encabezado por el titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, quien fue designado por la Casa Rosada a fines de enero. Según se informó, el funcionario se excusó del litigio en febrero pasado debido a un posible conflicto de intereses.
"El encargado de llevar el juicio desde el inicio de esta gestión es Juan Ignacio Stampalija, el subprocurador", confirmó una fuente ejecutiva cercana al caso.
Tras la orden de un tribunal estadounidense que obliga a la Argentina a transferir acciones de YPF, la petrolera estatal emitió una carta a sus inversores que revela el alcance de la medida y su posición frente al conflicto legal.
La decisión de Castro Videla se vincula con su pasado como socio del estudio jurídico Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde trabajó antes de asumir su cargo público. Uno de los miembros del estudio, el abogado constitucionalista Alberto Bianchi, fue convocado como testigo experto por Burford Capital, el fondo demandante que adquirió los derechos litigiosos tras la estatización de YPF.
Bianchi declaró a favor de la postura de Burford durante un arbitraje, aportando su visión sobre el derecho argentino en relación con la intervención del Estado en empresas privadas. Este antecedente fue suficiente para que el procurador decidiera apartarse del caso, ya que su relación laboral con Bianchi podría comprometer la neutralidad e imparcialidad exigidas por la Ley de Ética Pública.
"Cualquier abogado que haya intervenido en la causa, representando a alguna parte con interés contrapuesto al del Estado Nacional, tiene que excusarse", explicó María Eugenia Talerico, ex titular de la Oficina Anticorrupción. Y agregó: "La ejemplaridad en el ejercicio del cargo es indispensable, especialmente para el jefe de todos los abogados del Estado".
Argentina apelará el fallo que ordena transferir el 51% de YPF. Mientras tanto, la acción cayó 5% y persisten dudas sobre el futuro de la empresa.
La demanda que enfrenta la Argentina en tribunales de Nueva York es encabezada por Burford Capital, que reclama una indemnización multimillonaria por la expropiación del 51% de las acciones de YPF realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. La justicia estadounidense ya falló en contra del país en varias instancias, y la reciente orden busca ejecutar el pago a través de activos concretos, como las acciones de la petrolera.
El proceso sigue su curso mientras el Gobierno nacional refuerza su estrategia jurídica para enfrentar el fallo y evitar la pérdida de un activo clave para el Estado.