Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner prepara su último recurso legal y político: una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

El objetivo de la expresidenta es claro: obtener una medida cautelar que suspenda los efectos del fallo argentino, y le permita ser candidata en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde había anticipado su postulación.

La estrategia fue confirmada por su abogado Carlos Beraldi, y fuentes cercanas al caso señalaron que dos letrados de un prestigioso estudio jurídico de Estados Unidos ya mantuvieron reuniones en la sede de la Comisión, ubicada a pocas cuadras de la Casa Blanca. El escrito ya está redactado, y Cristina apelará a un precedente clave en la jurisprudencia interamericana: el caso Gustavo Petro vs Colombia.

En 2014, la CIDH falló a favor de Gustavo Petro, entonces exalcalde de Bogotá, quien había sido destituido e inhabilitado por 15 años por decisión de la Procuraduría General de Colombia. La Comisión dictó una medida cautelar que habilitó a Petro a participar nuevamente en elecciones, alegando la violación del Artículo 23 de la Convención Americana, que garantiza el derecho a elegir y ser elegido.

Ese criterio fue ratificado años después por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que contó con la firma del entonces juez Eugenio Zaffaroni, impulsado por el kirchnerismo para integrar el tribunal.

Cristina Kirchner planea argumentar que su inhabilitación también viola ese artículo,sosteniendo que se encuentra frente a un acto de persecución judicial (lawfare), y que la Justicia argentina le impide participar libremente en la vida política del país.

Sin embargo, el caso Petro presenta diferencias sustanciales con el de Cristina Kirchner. Mientras que Petro fue sancionado por un órgano administrativo sin intervención judicial plena, la expresidenta fue condenada tras un proceso judicial de más de 17 años, que incluyó instrucción, juicio oral, apelaciones, y la revisión final de la Cámara de Casación y la Corte Suprema.

Además, Cristina pudo ejercer su defensa y presentar pruebas, lo que podría debilitar la comparación con el caso colombiano desde el punto de vista procesal.

El equipo jurídico de la expresidenta espera que la presentación ante la CIDH se resuelva con rapidez, antes del cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses. Según trascendió, ya se han iniciado contactos formales con la Comisión y el pedido de medida cautelar podría ingresarse en los próximos días.

Si el recurso prospera, Cristina no solo podría ser candidata, sino también evitar su detención -ya que, por la edad, solicita cumplir prisión domiciliaria-, al menos hasta que la Comisión y eventualmente la Corte Interamericana se expidan de forma definitiva.

Mientras tanto, el oficialismo nacional evita pronunciarse sobre el fallo que dejó fuera del juego electoral a la figura más influyente del kirchnerismo. En paralelo, sectores de La Libertad Avanza y del PRO recalibran sus estrategias electorales ante un nuevo mapa político, donde la ausencia (o regreso judicial) de Cristina puede modificar los equilibrios.

Por ahora, la batalla se traslada a terreno internacional, donde la última carta de Cristina Kirchner busca cambiar el rumbo de una condena que -al menos en la Justicia argentina- ya quedó sellada.