A menos de 48 horas de haber comenzado a cumplir su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría enfrentar su primera advertencia formal por parte del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2), por haber recibido una visita fuera del protocolo establecido.

Según reveló el periodista Jonatan Viale en su programa La Ves por TN, el juez Jorge Gorini habría notificado a la defensa de la exmandataria por el ingreso de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, al departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución. La visita no estaría contemplada entre las personas autorizadas por el tribunal en el marco del cumplimiento de la condena por la causa Vialidad.

"Primera advertencia por violación de condiciones de arresto domiciliario para la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Visita no autorizada: Mayra Mendoza", citó Viale al aire, mencionando una "fuente inmejorable de la Justicia".

El régimen impuesto por el TOF2 establece que Cristina Kirchner puede recibir únicamente a integrantes de su grupo familiar, abogados defensores y personal médico. Cualquier otra visita requiere autorización previa del tribunal, algo que, en este caso, no habría ocurrido.

Cristina Fernández de Kirchner ya tiene puesta la tobillera para cumplir con su prisión domiciliaria

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El juez Jorge Gorini respondió al pedido de la defensa de la expresidenta sobre el uso del departamento en el que cumple la prisión domiciliaria. Además, tras recibir el informe del Ministerio de Seguridad, ordenó que use el dispositivo que permitirá monitorear la ubicación.

Según Viale, la advertencia habría sido comunicada a través de una cédula electrónica enviada a su abogado, Carlos Beraldi, en la que se señala el incumplimiento de las condiciones establecidas.

La situación cobra mayor tensión porque, tras su salida del domicilio, Mendoza fue vista en la puerta del edificio convocando a la militancia, con un mensaje directo: "Vengan a darle amor", lo que fue interpretado como una posible provocación y alteración del orden en el vecindario, algo que el TOF también busca evitar en el marco de las restricciones impuestas.

Desde el entorno judicial señalan que la acumulación de advertencias puede derivar en la revocación del arresto domiciliario, lo que implicaría el traslado de la expresidenta a una unidad penitenciaria común para cumplir su condena a seis años de prisión.

"No se puede jugar con esto. La acumulación de sanciones puede derivar en cárcel directa", advirtió el periodista. 

Se espera que el tribunal evalúe en las próximas horas si el episodio amerita una sanción formal o si se tratará únicamente de una advertencia. En cualquier caso, el hecho pone bajo la lupa el cumplimiento estricto de las condiciones del arresto domiciliario, en un contexto judicial y político de alta sensibilidad.