El Ejecutivo convocó al próximo martes al Consejo de Mayo, el espacio creado para debatir reformas estructurales tras la firma del Pacto de Mayo con 18 gobernadores. El foco inicial estará puesto en la reforma laboral, aunque también se anticipa el abordaje de cambios tributarios y previsionales.

La reunión tendrá lugar en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, con la coordinación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo.

El Consejo fue establecido por el decreto 617/2024 luego del acto en Tucumán, donde el presidente Javier Milei logró rubricar los diez principios del Pacto de Mayo con apoyo de la mayoría de los mandatarios provinciales.

Entre los miembros del Consejo se destacan el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como representante de las provincias; Gerardo Martínez (UOCRA) por los sindicatos; Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados; Carolina Losada por el Senado; y Martín Rapallini, de la UIA, por el sector empresarial.

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La prioridad inmediata del Gobierno es modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir la intervención estatal en los acuerdos entre trabajadores y empleadores. En ese marco, se evalúa eliminar la homologación obligatoria de paritarias, flexibilizar convenios específicos por actividad, y hacer optativo el pago de la cuota solidaria a los sindicatos.

Además, se busca fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial laboral. Según fuentes oficiales, "la base de la reforma es que los privados puedan acordar lo que quieran sin la intermediación del Estado".

Aunque el foco inicial es la reforma laboral, los equipos técnicos también trabajan en cambios al sistema previsional y tributario, que el Ejecutivo prevé impulsar tras las elecciones de octubre.

El Gobierno considera que el sistema jubilatorio actual es insostenible, y propone alternativas como elevar la edad jubilatoria de las mujeres, reducir el número de beneficiarios e impulsar un régimen mixto o privado de aportes, similar al de las extintas AFJP.

En paralelo, se analiza una reestructuración tributaria para bajar la presión fiscal y discutir la coparticipación federal, bajo el paraguas de los lineamientos establecidos en el Pacto de Mayo, que también incluyen equilibrio fiscal, apertura comercial, y fomento de la inversión en recursos naturales.

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La creación del Consejo de Mayo marca el inicio de un proceso institucionalizado de reformas profundas que el oficialismo buscará instalar como legado político. El éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad de diálogo con los gobernadores, el Congreso, los sindicatos y el empresariado, en un contexto económico todavía frágil y con fuerte demanda social.