La diputada provincial de Cambia Mendoza explicó que la reforma contempla no solo la adecuación a la nueva edad de imputabilidad, sino también modificaciones en las sanciones, los tiempos procesales.
La Legislatura de Mendoza dio sanción definitiva al nuevo régimen penal juvenil provincial, una normativa que adapta los procedimientos locales a los cambios establecidos a nivel nacional y redefine el abordaje de los menores que cometen delitos.
La diputada provincial de Cambia Mendoza Melissa Martínez Malanca explicó en una entrevista con MNews Radio, El Observador Mendoza, que la reforma contempla no solo la adecuación a la nueva edad de imputabilidad, sino también modificaciones en las sanciones, los tiempos procesales, el alojamiento de los jóvenes y las medidas destinadas a su reinserción social.
Mendoza cuenta con antecedentes en esta materia desde 1995, cuando se convirtió en una de las primeras provincias en implementar un régimen penal juvenil propio. La nueva normativa busca actualizar aquel esquema y adaptarlo a los cambios introducidos por la legislación nacional.
Uno de los principales puntos es que la privación de la libertad será considerada como la última alternativa. El régimen contempla otras nueve sanciones y medidas que podrán aplicarse de acuerdo con cada caso. Para esto, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, conocida anteriormente como ex COSE, trabajará tanto con la unidad de privación de libertad como con el área encargada de las medidas alternativas.
"La última sanción es la pena privativa de libertad".
La reforma incluye además un régimen procesal compuesto por 94 artículos, elaborado con la participación de distintos organismos vinculados al sistema judicial y de protección de derechos. Durante el tratamiento legislativo participaron representantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, organismos de Derechos Humanos y otros actores del sistema.
Según explicó Martínez Malanca, el proyecto original recibió más de 40 modificaciones antes de obtener la sanción definitiva, luego del trabajo realizado en cinco comisiones legislativas.
Reinserción social y educación
La normativa establece que el objetivo del sistema debe estar puesto en que los adolescentes asuman la responsabilidad por los delitos cometidos, pero también puedan atravesar un proceso que les permita regresar a la sociedad.
El régimen contempla medidas vinculadas con la educación, el trabajo y la formación de los jóvenes, además de la intervención de distintos organismos provinciales cuando exista vulneración de derechos.
"Si cometiste un delito te tenés que hacer cargo, pero la realidad es que queremos que te reinsertes".
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que actualmente existe capacidad disponible para alojar a más jóvenes dentro de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Según los datos expuestos durante el tratamiento de la ley, los dispositivos funcionan aproximadamente al 50% de su capacidad y existe la posibilidad de ampliarlos si fuera necesario.
Además de los establecimientos cerrados, la ley contempla dispositivos abiertos, medidas alternativas y la posibilidad de cumplimiento en domicilios mediante mecanismos de control electrónico.
Qué pasa cuando cumplen 18 años
Otro de los cambios importantes tiene que ver con los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad mientras cumplen una condena.
Hasta ahora, podían completar la totalidad de la pena dentro del sistema juvenil. Con la nueva normativa, cuando una persona cumpla 18 años deberá ser trasladada al sistema penitenciario de adultos, aunque será alojada en espacios diferenciados según su edad y grado de madurez.
La intención es evitar la convivencia directa entre adolescentes de 14 o 15 años y personas adultas que continúan cumpliendo condenas.
Procesos más rápidos
El régimen también modifica los plazos judiciales. La investigación penal preparatoria tendrá como objetivo resolverse inicialmente en períodos de tres meses, con posibles prórrogas, aunque no podrá superar los 12 meses.
En tanto, la prisión preventiva tendrá un plazo máximo de 18 meses.
"No queremos que queden en el limbo durante años".
El objetivo de estos tiempos más acotados es alcanzar una resolución judicial y determinar rápidamente qué medida deberá aplicarse en cada caso.
La responsabilidad de los padres
La normativa también establece qué sucede con los menores que no pueden ser considerados penalmente responsables debido a su edad o grado de madurez.
En esos casos deberá intervenir la Justicia para determinar si existe responsabilidad parental, ya sea por falta de cuidado o por otras circunstancias vinculadas con el hecho cometido por el menor.
Además, la legislación nacional considera un agravante que un adulto utilice o participe junto con menores en la comisión de un delito.
Consumos problemáticos y salud mental
La ley incorpora también un apartado destinado a los adolescentes que atraviesan problemas vinculados con consumos problemáticos o salud mental.
Cuando estas situaciones sean detectadas, deberá intervenir el Ministerio de Salud de Mendoza, particularmente el área de Salud Mental, para iniciar un tratamiento específico.
Martínez Malanca advirtió además sobre el crecimiento de las problemáticas de salud mental entre adolescentes y señaló que se trata de una situación que atraviesa diferentes sectores sociales.
"Es uno de los grandes puntos donde tenemos que poner el foco como sociedad".
La legisladora sostuvo que el consumo problemático, el suicidio y otras situaciones vinculadas con la salud mental constituyen actualmente uno de los principales desafíos que atraviesan los jóvenes.
Cuándo comienza a aplicarse
El nuevo régimen penal juvenil de Mendoza comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
La normativa nacional ya se encuentra vigente desde el 5 de septiembre, por lo que la Provincia avanzó con la adecuación de su legislación y de los procedimientos necesarios para implementar el nuevo sistema.
"No es una ley perfecta, pero busca contemplar la mayor cantidad de sugerencias para intentar que en el campo empiece a dar sus frutos".
Desde la Legislatura señalaron que la implementación será evaluada con el paso del tiempo y que la normativa podrá recibir nuevas modificaciones si la experiencia demuestra que son necesarias.