En busca de la verdad
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María Milagros Noli se refirió a la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil modificó el escenario judicial en Mendoza y amplió el universo de adolescentes que pueden ser alcanzados por una causa penal
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La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil modificó el escenario judicial en Mendoza y amplió el universo de adolescentes que pueden ser alcanzados por una causa penal. Desde el 5 de septiembre, la edad de punibilidad bajó de 16 a 14 años y, además, comenzaron a perseguirse todos los delitos, sin limitar la intervención a aquellos que contemplaban penas superiores a dos años.
Así lo explicó en MNews Radio, El Observador Mendoza, María Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y referente del fuero penal juvenil.
La nueva normativa nacional contempló un plazo de 180 días para que las provincias adaptaran sus sistemas judiciales, los circuitos de privación de libertad y sus respectivas leyes procesales. Cumplido ese período, el régimen comenzó a aplicarse en todo el país.
"Hoy la franja etaria que responde penalmente ante la Justicia Penal Juvenil son personas entre 14 y 18 años", explicó Noli.
Uno de los principales cambios no pasa únicamente por la edad. Bajo el esquema anterior, la Justicia Penal Juvenil intervenía principalmente frente a delitos con penas de más de dos años de prisión. Con la reforma, esa restricción desapareció y ahora pueden investigarse todos los delitos, incluso aquellos que quedaron en grado de tentativa.
Mendoza cuenta desde hace años con un fuero especializado en materia penal juvenil y con organismos específicos para trabajar con adolescentes involucrados en delitos.
Durante 2025 se iniciaron 445 expedientes vinculados con tratamientos tutelares o de acompañamiento específico. En 2024 fueron poco menos de 470 y en 2023 la cifra se ubicó en torno a los 480 casos.
Según detalló Noli, se trata de un fuero relativamente pequeño debido a la dimensión que tiene el fenómeno delictivo juvenil en la provincia.
Actualmente Mendoza atraviesa una etapa de transición. La ley nacional ya está vigente, pero continúa aplicándose la normativa procesal anterior mientras avanza en la Legislatura la discusión para adaptar el procedimiento provincial al nuevo régimen. En los primeros días de implementación ya se inició al menos una causa contra una persona de 14 años.
La reforma no implica que los adolescentes sean incorporados al mismo sistema que los adultos. La Justicia Penal Juvenil debe mantener un tratamiento especializado, tanto en los procesos judiciales como en las condiciones de privación de libertad.
Existen casos en los que participan conjuntamente menores y mayores de edad, pero la intervención judicial sobre los adolescentes debe conservar sus reglas particulares.
"No se pueden aplicar las reglas del proceso penal de adultos al proceso penal juvenil", remarcó Noli.
La especialista explicó que el objetivo del sistema juvenil no se limita a imponer una sanción, sino que busca trabajar sobre alternativas que permitan que el adolescente pueda desarrollar un proyecto de vida alejado del delito.
Más del 60% de los casos son delitos contra la propiedad
Los datos de Mendoza muestran que la mayor parte de los hechos investigados dentro del fuero penal juvenil están relacionados con delitos contra la propiedad.
Durante los últimos tres años, entre el 60% y el 65% de los casos mantuvieron esa característica. También existen delitos contra la vida, contra la libertad y hechos de extrema gravedad, aunque representan una proporción considerablemente menor dentro del total.
El abordaje de cada adolescente es individual y contempla su contexto personal, educativo, familiar y social.
En Mendoza, la privación de libertad funciona como última instancia. De acuerdo con los registros mencionados por Noli, la cantidad de adolescentes privados de libertad nunca superó de manera sostenida las 50 personas durante los últimos años.
La mayoría es alcanzada por medidas alternativas, que incluyen acompañamiento territorial, escolarización, formación laboral, participación en clubes y capacitación en distintos oficios.
Otro de los puntos analizados fue el contexto socioeconómico de los adolescentes alcanzados por el sistema penal.
Noli indicó que una parte importante de quienes ingresan al sistema proviene de situaciones de pobreza o vulnerabilidad, una realidad que también se relaciona con la fuerte presencia de delitos contra la propiedad.
En ese marco, planteó que uno de los interrogantes centrales es hasta qué punto la ampliación de la persecución penal puede resolver problemas cuyo origen también está vinculado con la inclusión educativa, el empleo, la contención familiar y las oportunidades sociales.
"Cuando llega el sistema penal es porque el Estado ya llega tarde", sostuvo.
Respecto de la idea de que adultos utilizan a menores de edad para cometer delitos debido a su condición de no punibles, los datos del Poder Judicial muestran que este tipo de casos representa una porción minoritaria.
Durante 2025 se registraron alrededor de 110 a 115 causas en las que participaron conjuntamente adolescentes y mayores de edad. Esa cifra representa menos del 25% de los casos del fuero penal juvenil y contrasta con las más de 120.000 causas anuales que investiga el Ministerio Público Fiscal por delitos atribuidos a personas adultas.
Noli también señaló que los delitos de extrema violencia cometidos por adolescentes existen, aunque estadísticamente no representan el perfil predominante de la criminalidad juvenil en Mendoza.
Incluso bajo el régimen anterior, cuando el sistema se concentraba en los delitos más graves, este tipo de hechos no llegaba al 10% del total.
La implementación del nuevo esquema permitirá contar en los próximos años con nuevos datos para evaluar el impacto real de la baja de la edad de punibilidad y determinar si la reforma tiene incidencia sobre los delitos de mayor gravedad.
"Vamos a tener una nueva foto" del fenómeno penal juvenil, explicó Noli, y consideró que será necesario analizar el comportamiento de las estadísticas antes de obtener conclusiones definitivas sobre los efectos del nuevo régimen.
La funcionaria judicial también puso el foco en las dificultades que existen en materia de salud mental y consumos problemáticos entre adolescentes.
Según explicó, desde el Poder Judicial detectan un déficit en la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las necesidades que surgen en causas penales juveniles.
A esto se suma la preocupación por los índices de suicidio adolescente y la falta de espacios provinciales suficientes para internaciones y tratamientos vinculados con consumos problemáticos.
"Los servicios de salud que tiene la provincia para lo que nosotros solicitamos desde la Justicia Penal no dan abasto", advirtió.
Para Noli, resulta necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a acompañar a los adolescentes que ya ingresaron al sistema penal, en especial porque tanto el sistema social como el sanitario presentan elevados niveles de saturación.
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