El Poder Ejecutivo de Mendoza desestimó de manera definitiva el recurso administrativo presentado por las antiguas autoridades del Club Coronel Lorenzo Barcala, entidad de 96 años de historia ubicada en el distrito de Alto Salvador, en el departamento de San Martín. Mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial ratificó la medida de control estatal y normalización institucional aplicada sobre la institución deportiva, rechazando los planteos de los directivos desplazados que pretendían revertir el proceso.

El conflicto se originó a partir de una presentación formal realizada por un grupo de socios ante la Dirección de Personas Jurídicas, donde se expuso que el predio social funcionaba en condiciones de severa irregularidad desde 2010. Las denuncias remarcaron un marcado estado de abandono material, falta de actividades deportivas y sociales con instalaciones cerradas la mayor parte del tiempo, ausencia de balances contables transparentes y mandatos vencidos, dado que la última asamblea de renovación de autoridades se había celebrado en 2012 sin nuevas convocatorias a comicios.

Pese a que la conducción saliente intentó frenar el decreto acusando una injerencia desmedida y alegando un funcionamiento regular, los dictámenes de los equipos legales provinciales y de la Asesoría de Gobierno concluyeron que el reclamo carece de sustento práctico. Los organismos técnicos señalaron que el interventor oficial completó su labor de relevamiento y presentó el informe final, confirmando las anomalías acumuladas durante más de una década y dejando expedito el camino administrativo para restituir el club saneado a su masa societaria.