Durante una entrevista en MNews Radio, El Observador Mendoza,  la diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley que busca limitar el uso de las inhibiciones generales de bienes en los juicios de apremio, una herramienta utilizada por organismos públicos para garantizar el cobro de deudas tributarias y no tributarias.

La iniciativa surge ante una situación que, según explicó la legisladora, afecta a cientos de miles de mendocinos. Actualmente, más de 350.000 personas tienen algún tipo de inhibición general de bienes en la provincia, una medida que les impide vender, transferir o gravar bienes registrables, así como acceder a créditos o realizar distintas operaciones comerciales.

El proyecto apunta a modificar la aplicación de esta medida cautelar en los procesos de apremio fiscal, al considerar que en muchos casos existe una desproporción entre la deuda reclamada y las consecuencias que genera la inhibición sobre el patrimonio de los contribuyentes.

Según detalló Petri, la normativa procesal vigente permite que, con la sola existencia de una boleta de deuda, los organismos recaudadores soliciten una inhibición general de bienes. Esto puede ocurrir incluso por deudas de escaso monto vinculadas a multas, tasas o impuestos.

"Por una multa de tránsito o una tasa adeudada de pequeño monto se puede bloquear todo el patrimonio de una persona"*, advirtió la diputada.

La legisladora sostuvo que la inhibición general de bienes debería utilizarse únicamente de manera excepcional, cuando no existan bienes suficientes para garantizar el cobro de la deuda o cuando exista un riesgo concreto de insolvencia o desapoderamiento por parte del deudor.

La propuesta busca incorporar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, obligando a que primero se evalúen medidas menos restrictivas, como el embargo de una cuenta específica o de un bien determinado que cubra el monto reclamado, antes de avanzar sobre la totalidad del patrimonio.

"Lo que se trata de lograr es que haya proporcionalidad, razonabilidad y la menor restricción posible".  señaló.

Petri explicó que la situación actual afecta tanto a particulares como a pequeñas, medianas y grandes empresas. Entre las consecuencias más frecuentes aparecen operaciones inmobiliarias frustradas, dificultades para acceder a financiamiento y obstáculos para el normal desarrollo de actividades comerciales.

La diputada remarcó que muchas veces los contribuyentes deben afrontar además los costos judiciales y administrativos derivados de los procesos de levantamiento de las inhibiciones, lo que incrementa el perjuicio económico.

Durante la entrevista también vinculó la iniciativa con la necesidad de generar condiciones más favorables para la actividad económica y la creación de empleo. En ese sentido, destacó que Mendoza cuenta con mecanismos como la conciliación administrativa laboral, que permitieron reducir significativamente la litigiosidad en la provincia.

"Si le damos más libertad a la gente para desarrollar sus actividades sin bloquear inútilmente su patrimonio, le estamos dando herramientas para que pueda trabajar y producir", afirmó.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores de Mendocinos por el Futuro y deberá ahora atravesar el debate legislativo en comisiones antes de llegar al recinto.

De ser aprobado, introduciría cambios en los juicios de apremio para que las medidas cautelares sean aplicadas de manera más proporcional, buscando proteger el derecho de cobro de los organismos públicos sin paralizar la actividad económica de personas y empresas por deudas de bajo monto.