Con una resolución que fue mantenida en secreto, el departamento de Irrigación autorizó perforaciones de Cresud en la zona de Agrelo. Debido a esto Sergio Marinelli debió acudir a la Legislatura para dar explicaciones.
Una nueva controversia sacude al Departamento General de Irrigación de Mendoza luego de que su titular, Sergio Marinelli, otorgara nueve permisos de perforación de agua en una zona declarada en restricción ambiental. La medida benefició a empresarios de peso político y económico, entre ellos Eduardo Elsztain, vinculado al entorno del presidente Javier Milei.
Las autorizaciones fueron concedidas en febrero de 2025, pese a que en agosto del año anterior el propio Marinelli había firmado la Resolución 1108, que declaraba en estado de restricción a la Subcuenca El Carrizal -ubicada en la margen derecha del río Mendoza- debido a la vulnerabilidad del acuífero y los daños ambientales causados por la refinería de YPF en Luján de Cuyo. Informes técnicos recomendaban mantener la prohibición para proteger la cuenca.
Sin embargo, seis meses después, Marinelli modificó su postura y habilitó las perforaciones mediante la Resolución 125, argumentando que "existen volúmenes remanentes disponibles" en la zona afectada.
Entre los principales beneficiarios se encuentra la empresa agropecuaria CRESUD S.A., propiedad de Eduardo Elsztain, quien durante la campaña electoral de 2023 alojó al entonces candidato Milei en el Hotel Libertador, de su propiedad. CRESUD recibió autorización para perforar cinco pozos destinados al riego de 424 hectáreas en Agrelo.
La polémica desatada por estas autorizaciones motivó la presencia de Marinelli en la Legislatura provincial, donde brindó explicaciones ante diputados. El funcionario defendió la decisión alegando que se actuó dentro del marco legal y con el respaldo de informes técnicos, y aclaró que, hasta el momento, no se han otorgado habilitaciones definitivas para pozos de agua.
Marinelli enfatizó que la Resolución 125 no infringe la restricción vigente, sino que establece condiciones preliminares para posibles permisos, los cuales -según aseguró- podrán ser revocados si no se cumplen los requisitos exigidos. Además, remarcó que ningún pozo se encuentra aún habilitado.
El eje de la controversia sigue siendo la Subcuenca El Carrizal, declarada en restricción desde mediados de 2024 con una prohibición inicial de dos años para nuevas perforaciones. Legisladores y sectores ambientalistas advierten que estas decisiones podrían poner en riesgo el equilibrio hídrico de la zona y sentar un precedente peligroso en la gestión de un recurso estratégico para Mendoza.