La tranquilidad del corazón de los Valles Calchaquíes se vio abruptamente alterada en los últimos días por un escándalo que sacude los cimientos de la industria vitivinícola de Cafayate, Salta. Una reconocida bodega local presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Cafayate por la presunta apropiación fraudulenta de 56.919 litros de vino, valuados en más de 100 millones de pesos. La maniobra involucra a un empresario privado y al menos dos funcionarios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo encargado de fiscalizar la actividad.

Si bien la identidad de la bodega denunciante se mantiene bajo secreto judicial, el caso remite a antecedentes similares ocurridos en la zona, como la pérdida de 200 mil litros de vino registrada años atrás en otra bodega de Cafayate, donde nunca se esclareció si se trató de un error operativo o de un robo.

Según consta en la presentación judicial, el conflicto comenzó en 2019, cuando la bodega vendió su establecimiento con la condición expresa de que el comprador realizara la correspondiente transferencia de titularidad ante el INV. No solo incumplió con el pago total del acuerdo, sino que además retenía ilegalmente los vinos almacenados.

La situación se agravó durante la pandemia, cuando la empresa original descubrió que su acceso al sistema digital del INV había sido bloqueado. Al indagar, constató que los vinos figuraban registrados a nombre del nuevo titular, sin su consentimiento.

La hipótesis central de la denuncia es que los funcionarios del INV habrían modificado de forma fraudulenta las claves de acceso al sistema del organismo, facilitando así la transferencia ilegal de la titularidad de los vinos al empresario denunciado.

De acuerdo con fuentes judiciales, la Fiscalía de Cafayate ya trabaja en la imputación formal de los involucrados. El empresario sería acusado por retención indebida y defraudación por supresión, mientras que los funcionarios del INV enfrentarán cargos por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes. Uno de ellos será considerado partícipe primario de la maniobra.

La denuncia también apunta contra la propia conducción del INV, que se habría negado a restituir la titularidad del vino a su dueño original y rechazado un embargo judicial solicitado por la bodega afectada, alimentando las sospechas de una protección institucional.

Un nombre que emerge como pieza clave en este entramado es el del abogado Gabriel Bertranou, exintegrante del organismo, señalado por haber bloqueado medidas judiciales invocando normativas inaplicables al caso, según la denuncia.

Más allá del volumen económico y productivo involucrado, el caso podría constituir un precedente grave de corrupción institucional en el sector vitivinícola argentino. Se cuestiona el rol de un organismo público como el INV, que no solo habría sido cómplice de la maniobra, sino que además se negó a colaborar con la Justicia y omitió controles clave en el circuito de trazabilidad de los vinos.

La investigación avanza bajo estricto hermetismo, pero en Cafayate ya se multiplican los rumores y expectativas en torno a un proceso que podría destapar una red más amplia de irregularidades en uno de los pilares económicos y culturales de la región.