La decisión del gobierno de Brasil de prolongar por seis meses los beneficios para la importación de kits de vehículos eléctricos y híbridos provenientes de China encendió una fuerte polémica en la industria automotriz del país. La medida, confirmada tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior (Gecex-Camex), favorece a fabricantes asiáticos como BYD y Great Wall Motors, que podrán continuar ensamblando unidades en territorio brasileño con ventajas arancelarias.

El Ministerio de Industria, Comercio y Servicios ratificó que se mantiene el cronograma previsto para el aumento de los aranceles a los vehículos electrificados importados. De esta manera, los modelos eléctricos e híbridos ensamblados a partir de kits semiarmados (SKD) deberán tributar un 35% de impuesto desde julio de este año, mientras que los vehículos completamente desmontados (CKD) alcanzarán esa misma alícuota recién en enero de 2027. Hasta entonces, seguirán pagando una tasa reducida del 14%.

Sin embargo, el punto que generó mayor controversia fue la decisión de habilitar nuevas cuotas de importación con arancel cero para kits CKD y SKD por un monto total de 463 millones de dólares durante los próximos seis meses. El beneficio permitirá que las automotrices continúen ingresando componentes para ensamblar vehículos en Brasil sin afrontar los impuestos previstos dentro de esos cupos.

Desde el Gobierno justificaron la medida como parte de una estrategia para acelerar la renovación del parque automotor, impulsar la movilidad sustentable y avanzar en la reducción de emisiones contaminantes.

La reacción de las terminales automotrices no tardó en llegar. La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) cuestionó duramente la decisión y advirtió que perjudica a las empresas que apostaron por la producción local bajo las reglas vigentes.

Según la entidad, la extensión de estos beneficios genera incertidumbre entre los fabricantes que habían anunciado inversiones millonarias para desarrollar la electromovilidad en Brasil. También sostienen que la medida podría afectar a miles de trabajadores y proveedores vinculados a la industria automotriz nacional.

Anfavea recordó que las cuotas especiales para la importación de kits eléctricos habían finalizado a comienzos de 2026 y que numerosas compañías planificaron sus proyectos de expansión considerando ese escenario. Por eso, consideran que la modificación altera las condiciones de juego y envía señales contradictorias al mercado.

La discusión ya no gira únicamente en torno a la incorporación de vehículos eléctricos, un proceso que avanza con fuerza en Brasil, sino sobre qué papel tendrá la producción nacional en esa transición. Mientras el Gobierno apuesta a mantener incentivos para acelerar la llegada de nuevas tecnologías, las terminales locales reclaman políticas que prioricen la fabricación, la generación de empleo y el desarrollo industrial dentro del país.

La decisión de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva abre ahora una nueva etapa de incertidumbre para el sector. Entre empresarios y analistas surgen interrogantes sobre el impacto que tendrá esta medida en futuras inversiones y sobre el equilibrio que Brasil buscará entre atraer fabricantes extranjeros y fortalecer su industria automotriz.