El pago de USD 171 millones a los fondos buitre ya tiene media sanción del Senado y debe ser ratificado antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el entendimiento
La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto conocido como "Super RIGI", una iniciativa impulsada por el Gobierno que amplía los beneficios fiscales para grandes inversiones y busca recuperar centralidad en la agenda económica.
La propuesta apunta a atraer desembolsos millonarios en sectores estratégicos y generar actividad en las provincias que adhieran al régimen. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto sobre el empleo podría ser más limitado de lo que se espera.
"Puede ayudar al empleo, pero no habría que esperar un efecto masivo", señaló el economista Jorge Day, del IERAL.
Según el analista, las inversiones previstas se concentran en actividades muy intensivas en capital, como energía, minería y tecnología, por lo que la creación de puestos de trabajo estaría vinculada principalmente a técnicos, profesionales, construcción, proveedores y servicios regionales.
El debate llega en un contexto complejo: la desocupación ronda el 8%, la informalidad alcanzó el 44,2% y la presión sobre el mercado laboral afecta a más de 5,3 millones de personas, según datos oficiales.
Consultoras privadas sostienen que, aunque el desempleo no creció con fuerza, empeoraron las condiciones de los trabajadores ocupados, con más empleo informal y subocupación.
El nuevo régimen extiende los incentivos a sectores que hoy tienen poca presencia en la Argentina, pero que el Gobierno considera clave para el futuro:
Inteligencia artificial
Semiconductores
Biotecnología avanzada
Infraestructura digital
Fabricación de baterías de litio
Hidrógeno de bajas emisiones
Vehículos eléctricos
Para acceder al esquema, las empresas deberán invertir al menos US$ 1.000 millones en proyectos nuevos.
Incentivos previstos
Hasta 30 años
Ganancias al 15% para los proyectos adheridos.
Amortización acelerada de inversiones.
Exenciones de derechos de exportación e importación.
Estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años.
Contribuciones patronales reducidas al 10% para nuevas contrataciones.
Los proyectos aprobados bajo el régimen vigente comprometen más de US$ 22.000 millones y odrían crear alrededor de 50.000 empleos directos, principalmente en minería, energía y petróleo.
Aun así, los economistas remarcan que estos sectores no son grandes generadores de empleo masivo en comparación con la industria manufacturera o el comercio.
Algunas provincias ligadas a la minería y la energía, comoNeuquén , muestran mejores indicadores laborales que el promedio nacional. Sin embargo, Dayconsidera que no habrá una migración masiva hacia el interior.
"La movilidad será más selectiva y estará concentrada en jóvenes, técnicos y profesionales vinculados a estos proyectos", explicó.