En busca de la verdad
En busca de la verdad
Gali Baharav-Miara se ha transformado en la piedra en el zapato del primer ministro israelí.
Ha sido la piedra en el zapato de Netanyahu y la oposición la ha convertido en un símbolo de la democracia liberal y de la independencia judicial en Israel.
Gali Baharav-Miara, la fiscal general de Israel, se encuentra en el ojo del huracán en su país después de que el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu aprobara por unanimidad un voto de censura contra ella.
El ejecutivo la acusa de abusar de su poder y de obstruir el trabajo del gabinete.
Pero sus defensores denuncian que el primer ministro intenta reemplazarla por una figura más complaciente para escabullirse así de los procesos judiciales a los que se enfrenta por corrupción y que, en este contexto, Baharav-Miara es uno de los últimos bastiones de la independencia judicial en Israel.
El propio Netanyahu, de hecho, no pudo votar en la cuestión de confianza debido al conflicto de intereses que le impide realizar cualquier acción que pueda afectar su proceso penal.
Su caso ha vuelto a sacar a las calles la tensión entre el ejecutivo y la judicatura, que hace dos años provocó las mayores manifestaciones antigubernamentales de la historia de Israel.
La coalición de derechas y extremistas nacionalistas que lidera Netanyahu puso en marcha a principios de 2023 una profunda reforma del poder judicial, argumentando que la judicatura se había vuelto intervencionista y bloqueaba sus políticas.
Pero la reforma, denunciaban los críticos y los manifestantes, socavaba el delicado sistema de controles y equilibrios en un país que carece de constitución formal.
El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la guerra de Gaza pusieron todo ese proceso en suspenso.
Sin embargo, el gobierno quiere ahora reiniciar esos planes de reforma, y Gali Baharav-Miara, que ha protagonizado numerosos choques con el ejecutivo, supone un obstáculo, señalan los analistas.
La tensión entre las instituciones, convertida en una batalla por la identidad del país, no solo sigue sin resolverse, sino que podría derivar en una crisis constitucional.
Decenas de miles de manifestantes volvieron a protestar en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades por las últimas iniciativas del gobierno y por lo que consideran un intento desesperado de Netanyahu de mantenerse en el poder a cualquier costo.
En el centro de la polémica se encuentra la fiscal general, un cargo que en Israel tiene más prerrogativas que en otros países, pero también otras decisiones del gobierno, como el despido del jefe de la agencia de inteligencia nacional o la ruptura del alto el fuego en Gaza.
Gali Baharav-Miara, de 65 años, fue nombrada fiscal general de Israel en 2022, durante el breve gobierno liderado por Naftalí Bennet.
Antes trabajó durante tres décadas en el Ministerio de Justicia y luego en el sector privado.
Desde el regreso al poder de Netanyahu unos meses después del nombramiento de Baharav-Miara, ambos se han enfrentado en varias ocasiones.
Entre otras cosas, la fiscal general ha abogado por acelerar el juicio por corrupción a Netanyahu, ha criticado el bloqueo del gobierno a la creación de una comisión de investigación sobre los fallos del 7 de octubre de 2023 y ha impedido los intentos de politizar la comisión que elige a los jueces del Supremo.
En Israel, el fiscal general está capacitado para tomar decisiones que son jurídicamente vinculantes para el gobierno, y también advierte a los dirigentes sobre si las políticas que quieren promulgar se ajustan a la ley o son contrarias a ella.
De esta forma, la Fiscalía general se convierte en uno de los pocos controles del poder ejecutivo.
Pero, además, también supervisa el sistema judicial, ese mismo que ha procesado a Benjamin Netanyahu por tres casos distintos de corrupción.
"El gobierno desea estar por encima de la ley y actuar sin controles ni equilibrios", denunció Gali Baharav-Miara en una carta enviada al gobierno antes de que se votara la moción de confianza en su contra.
Su destitución, sin embargo, no será sencilla.
El proceso para hacerlo podría durar semanas ya que requiere de muchos controles que buscan proteger precisamente la independencia del cargo.
La fiscal general ha recibido el apoyo de numerosos juristas, entre ellos varios jueces retirados del Tribunal Supremo que denunciaron que su destitución "pone en peligro de manera real que el Estado de Israel sea un estado de derecho, fundado en una gobernanza y unos procedimientos administrativos adecuados".
En un país sin constitución oficial y con una sola cámara parlamentaria controlada por la coalición de Netanyahu, el Tribunal Supremo de Israel lleva mucho tiempo ejerciendo un importante control sobre las decisiones del gobierno.
Además del voto de censura contra Baharav-Miara, Netanyahu también despidió el pasado viernes a Ronen Bar, jefe del Shin Bet, la inteligencia doméstica, alegando una falta de confianza entre los dos que había "crecido con el tiempo".
La decisión ha sido paralizada por el Tribunal Supremo, que deberá decidir si es legal y si supone un conflicto de intereses.
Pero el despido de Bar provocó una reacción inmediata en la calle de miles de personas que denunciaron que pone en peligro la independencia de las instituciones.
Ronen Bar es el primer jefe del Shin Bet despedido en la historia del país. Según él, su cese tiene una motivación política y "está contaminado por conflictos de intereses", ya que se produce en un momento en que la agencia investiga al gabinete del primer ministro por una posible infiltración de Qatar en el gobierno.
Fue la propia fiscal general Baharav-Miara la que ordenó a la policía y al Shin Bet a finales del mes pasado que investigaran a funcionarios de la oficina de Netanyahu por presuntos vínculos financieros con Qatar.
Desde entonces se ha prohibido divulgar toda la información relativa a la investigación. El partido de Netanyahu, el Likud, niega todas las acusaciones.
Todos estos movimientos se suceden en un momento en el que Israel ha reanudado los bombardeos contra Gaza tras mes y medio de alto el fuego.
Unos 700 gazatíes han muerto desde entonces, elevando el recuento de muertes en la Franja a más de 50.000, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.
El fin del alto el fuego ha paralizado además la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás, algo por lo que también protestan desde entonces los manifestantes antigubernamentales, que denuncian que sus vidas corren peligro.
Pero el quiebre del alto el fuego ha acabado también con la crisis de gobierno a la que se enfrentaba Netanyahu y que ponía en peligro su mayoría parlamentaria.
Uno de los socios de la coalición gubernamental, el radical de extrema derecha nacionalista Itamar Ben Gvir, había abandonado el ejecutivo en protesta por el acuerdo con Hamás que frenó los bombardeos sobre Gaza y permitió la liberación de parte de los rehenes.
Con la reanudación de los bombardeos, Ben Gvir ha vuelto al gobierno y a su cargo de ministro de Seguridad Nacional.
Y con el regreso de Ben Gvir y su partido a la coalición gubernamental, Netanyahu ha logrado finalmente que la Knesset, el parlamento israelí, apruebe este mismo martes el presupuesto.
Si no hubiera logrado aprobarlo antes del 31 de marzo se habrían tenido que convocar elecciones anticipadas, poniendo en peligro 15 años de gobierno casi ininterrumpido de Netanyahu.
La mujer era española y tenía 55 años; fue trasladada en grave estado a un hospital local pero falleció en el centro de salud
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