En busca de la verdad
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El oficialismo enfrenta dificultades para revertir las modificaciones que introdujo el Senado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
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La Cámara de Diputados retomará este miércoles 28 de octubre el tratamiento del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego de los cambios aprobados por el Senado. La iniciativa será analizada desde las 10 en un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, donde se definirán las firmas que acompañarán cada dictamen.
El Gobierno de Javier Milei busca recuperar la redacción original del proyecto, que establece mayores restricciones para la designación y remoción de las autoridades del organismo monetario. Sin embargo, hasta el momento, La Libertad Avanza no habría conseguido los respaldos suficientes para revertir las modificaciones introducidas por la Cámara alta.
Uno de los principales puntos de conflicto es el mecanismo previsto para remover a los directores del Banco Central. La propuesta original exigía una mayoría de dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de garantizar una mayor independencia institucional y evitar cambios en la conducción de la entidad ante eventuales modificaciones en el escenario político.
No obstante, el Senado modificó ese criterio y estableció que la remoción de funcionarios pueda resolverse mediante una mayoría absoluta. Además, concentró esa facultad en la Cámara alta, dejando a Diputados sin participación en las decisiones sobre la integración del directorio.
El principal obstáculo para el Gobierno se encuentra en las mayorías parlamentarias necesarias para insistir con su propuesta inicial.
El pasado 24 de septiembre, el Senado aprobó su versión de la reforma con 46 votos afirmativos y 22 negativos, una mayoría equivalente a los dos tercios de los votos emitidos.
Para modificar nuevamente el texto, Diputados necesitaría reunir una mayoría igual o superior a la alcanzada en la Cámara alta.
Sin embargo, cuando el proyecto obtuvo media sanción el 26 de agosto, el resultado fue de 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones, una diferencia que refleja las dificultades del oficialismo para alcanzar ese nivel de consenso.
A este escenario se suma la postura del peronismo, principal bloque opositor, que difícilmente acompañe una reforma que limite la capacidad de un futuro gobierno para designar autoridades en el Banco Central.
En consecuencia, el escenario más probable es que la Cámara de Diputados termine aceptando las modificaciones aprobadas por el Senado.
Más allá de las diferencias sobre la designación y remoción de autoridades, el proyecto impulsado por el Gobierno busca modificar profundamente el funcionamiento del Banco Central mediante la incorporación del principio de "emisión cero".
La iniciativa propone reemplazar el esquema de múltiples objetivos establecido por la Ley 26.739 de 2012, aprobada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, por un mandato único centrado en la preservación del valor de la moneda.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la inflación responde fundamentalmente a un exceso de emisión monetaria, por lo que la autoridad monetaria debería concentrar sus funciones en garantizar la estabilidad del peso.
En ese sentido, el texto sostiene que "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario", y plantea que el Banco Central no debe asumir responsabilidades ajenas a su función principal.
Entre las principales modificaciones se establece la prohibición de otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional, conceder préstamos a las provincias, utilizar letras intransferibles y comprar títulos públicos en el mercado primario.
También se busca impedir la contabilización de utilidades como ganancias efectivas cuando no representen ingresos reales y eliminar determinadas atribuciones del directorio relacionadas con la orientación del crédito y la aplicación de políticas crediticias diferenciadas.
Estas medidas apuntan a restringir los mecanismos de financiamiento del sector público mediante recursos del Banco Central y limitar su intervención en otras áreas de la economía.
El presidente Javier Milei considera que la reforma constituye una herramienta fundamental para consolidar su política monetaria y evitar que futuras administraciones modifiquen las restricciones sobre la emisión.
Desde el Gobierno sostienen que sanear el balance del Banco Central resulta insuficiente si no se establecen mecanismos legales que impidan volver a utilizar la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
En ese marco, el oficialismo pretende fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y reducir la posibilidad de que un cambio de gobierno implique un giro en su funcionamiento.
Sin embargo, las diferencias parlamentarias sobre la integración del directorio y las mayorías necesarias para remover funcionarios continúan siendo el principal obstáculo para la aprobación definitiva de la reforma.
La iniciativa todavía deberá superar el debate parlamentario para convertirse en ley. De acuerdo con la información disponible antes del plenario de este miércoles, el oficialismo continuaba negociando con sus aliados, sin contar con las firmas necesarias para insistir con su versión original.
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