El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Comité Evaluador del RIGI dio luz verde a Gualcamayo (oro y plata) en San Juan, con US$ 665 millones de inversión y 1.700 empleos directos. Con esa incorporación, el Gobierno contabiliza 10 proyectos aprobados, en su mayoría energéticos, y evalúa prorrogar el plazo de adhesión más allá de julio de 2026.
El Gobierno consolidó un nuevo hito del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al aprobar el ingreso del proyecto minero Gualcamayo, en la provincia de San Juan. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien indicó que se trata de un desarrollo de oro y plata por US$ 665 millones que permitirá extender la vida útil de una mina en etapa de agotamiento mediante un "tipo distinto de mineralización" y que demandará 1.700 puestos directos.
Con la incorporación de Gualcamayo, el Ejecutivo aseguró que ya son 10 los proyectos aprobados bajo el régimen, con inversiones comprometidas por más de US$ 25.000 millones, concentradas principalmente en energía y minería, y con despliegue en provincias como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.
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Con el oro por encima de los US$ 4.500 la onza en nuevos máximos históricos, la minería argentina aceleró: entre enero y noviembre las exportaciones totalizaron US$ 5.406 millones (+30,7% interanual) y el metal dorado explicó la mayor parte del salto. El Gobierno celebró además el primer RIGI aurífero: Gualcamayo, con una inversión prevista de US$ 665 millones
De acuerdo con el listado difundido por el Gobierno y compilaciones periodísticas del sector, las iniciativas aprobadas incluyen:
En paralelo, el Gobierno analiza prorrogar por un año el período de adhesión al RIGI, una decisión que -según el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González- debería definirse "durante el verano", dado que el plazo actual vence en julio de 2026. González también afirmó que ya ingresaron más de 27 iniciativas para su evaluación.
La normativa prevé que las empresas cuentan con dos años para adherirse desde el inicio del régimen, y habilita al Poder Ejecutivo a ampliar una sola vez ese período por hasta un año adicional.
El interés empresario se explica, en parte, por los incentivos previstos: reducción de la alícuota de Ganancias del 35% al 25%, alivios sobre derechos de exportación, tratamiento del IVA en etapa preoperativa y la posibilidad de arbitraje internacional en controversias, entre otros puntos citados por informes del mercado.