Carlos Rosales, enfrenta varios litigios con la justicia laboral. De ser un empresario relativamente exitoso y con una práctica expansiva en tiempos de recesión, con vinculaciones  en el mundo del fútbol, actualmente es tesorero del club San Lorenzo de Almagro, y, en el ámbito de la política, tiene buena llegada a varios dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, gasta su tiempo, en las últimas semanas, armando estrategias judiciales.

Rosales, que creció patrimonialmente y adquirió en la última década compañías como Compumundo; Garbarino; Garbarino Viajes, la financiera Fides, las plantas Digital Fueguina y Tecnosur; el Grupo asegurador Prof y Radio Continental. 

Su empresa insignia , el grupo asegurador Prof, Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada, expone su futuro a la decisión de la Justicia luego de apelar las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Ka superintendenta, Mirtha Adriana Guida había advertido por el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar en su resolución del mes de septiembre, un resumen de cuenta de los balances correspondientes a la entidad aseguradora que deben presentar todas las empresas del rubro que se desempeñan en el mercado nacional, por la que dictó una inhibición general de bienes que le impidió a la empresa aseguradora realizar actos respecto de sus inversiones.

La Resolución 725/2021, publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre pasado da cuenta de la prohibición de la Superintendencia de Seguros de la Nación afirma que la firma presentaba un déficit de capital mínimo de más de $500 millones, (exactamente $543.806.153) y también una pérdida en el cálculo de cobertura de más de $900 millones ($905.966.781, en cifras precisas).

El grupo Prof, se convirtió en el corazón del holding empresarial de Rosales, que hoy vuelve a tener complicaciones financieras y, en esta ocasión, su dilatada trayectoria de más de medio siglo se dirimirá en los tribunales judiciales si Carlos Rosales no consigue dinero para capitalizar sus empresas al borde de la disolución.

 Mientras que la situación de Garbarino, Garbarino Viajes, Compumundo , la financiera Fides, y las plantas Digital Fueguina y Tecnosur ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego no dejan de complicarse a diario con la reciente decisión del managment de la compañía del retail de cerrar todos los locales, quedarse con unos pocos salones para la venta de tecnología informática y despedir a 1.800 trabajadores de la tradicional casa de electrodomésticos desde los 4.200 que heredó de la anterior gestión de los hermanos Garbarino, Carlos Rosales, presentó en la Justicia comercial su concurso preventivo.

Además, encabeza una compulsa de interpretación legal frente a las autoridades del Ministerio de Trabajo nacional por los trabajadores despedidos a los que les han llegado los telegramas donde se especifica que "… la empresa ha registrado una abrupta caída de las ventas, que empezó a manifestarse a partir de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, que continuó durante lo que va del año; que se promovió un procedimiento preventivo de crisis de empresas, y se hicieron todos los intentos posibles a través de la venta on line, pero que ello no permitió paliar la baja rentabilidad causada a partir de las restricciones de circulación que fluctuaron entre el confinamiento total, las limitaciones de horarios de los locales comerciales, el cierre de shoppings donde se encuentran varios de los más importantes locales de venta al público, rescisiones de contratos de alquiler, falta de mercaderías".

La cartera laboral dictó, inmediatamente, la conciliación obligatoria, e intimó a la empresa Garbarino S.A. a retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, dejando sin efecto los despidos producidos por el plazo que dure el presente procedimiento conciliatorio mientras que el grupo económico que dirige Rosales planteó la inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia 329/2020 y sus sucesivas prórrogas, que prohíben los despidos sin causa, o por causa de fuerza mayor o falta de trabajo, "por atentar contra normas de jerarquía superior (…) y violentar así los principios y garantías amparados por la Constitución Nacional, cercenándose en forma continua los mismos".