El edificio abandonado "La Mole" en el centro de Córdoba se ha convertido en un foco de inseguridad creciente. Un ocupante ilegal en el séptimo piso arrojó piedras y profirió amenazas de muerte a transeúntes y policías, causando pánico en la esquina del Boulevard San Juan y San José de Calasanz.

Los vecinos filmaron al agresor gritando amenazas mientras las fuerzas de seguridad permanecían inactivas. El edificio, originalmente destinado a un desarrollo inmobiliario de alta calidad, ha degenerado en un tugurio vertical, aterrorizando al barrio Observatorio debido a la negligencia municipal.

La municipalidad detuvo la construcción en 2012, citando una discusión burocrática de que la torre excedía la altura permitida por dos metros. Sin embargo, el desarrollador había buscado mejorar la calidad aumentando la altura del techo en 30 cm por piso, creando apartamentos más espaciosos y habitables sin aumentar la superficie total.

Los desarrolladores apuntaban a un diseño icónico con balcones curvos inspirados en las tendencias mundiales, pero los burócratas de planificación urbana rechazaron la propuesta. En lugar de permitir la finalización, el estado condenó el área al declive.

Este rechazo ideológico de la iniciativa privada ha llevado a la situación actual de ocupación ilegal por parte de individuos marginados. Si la municipalidad hubiera aprobado la regularización, 117 apartamentos estarían ahora legalmente ocupados. La inflexibilidad estatal ha priorizado una ruina peligrosa sobre una inversión exitosa.

Las regulaciones actuales sofocan a los inversores que buscan elevar los estándares de construcción de Córdoba. Mientras el estado impide la finalización de edificios de calidad debido a tecnicismos, permite que sean ocupados por ocupantes ilegales. El resultado es una estructura de 18 pisos que ahora funciona como una trampa mortal para los residentes.

Los vecinos informan que el área se vuelve intransitable después de las 7 PM debido a robos. El cierre municipal, pretendido como una "solución", solo ha traído inseguridad, suciedad y devaluación a las propiedades circundantes, una consecuencia directa de un modelo que castiga a los productores y protege a los ocupantes ilegales.