Con la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta podría convertirse en la segunda jefa de Estado desde el retorno de la democracia en cumplir prisión domiciliaria. El antecedente más cercano es el de Carlos Menem, quien en 2001 permaneció 167 días bajo arresto en una quinta de Don Torcuato.

La causa que llevó a Menem a prisión se remonta a 1995, cuando una investigación periodística destapó una red de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, países que entonces tenían restricciones internacionales para recibir armamento argentino. La pesquisa derivó en una acusación por asociación ilícita y falsificación de decretos presidenciales, que involucró al exmandatario como presunto jefe de la maniobra.

El 7 de junio de 2001, el juez federal Jorge Urso ordenó su arresto domiciliario. En ese momento, Menem tenía 70 años, lo que habilitaba el beneficio bajo la legislación vigente. Su esposa, la modelo chilena Cecilia Bolocco, fue designada como garante judicial del cumplimiento de la medida.

El exmandatario peronista cumplió su detención en una quinta propiedad de su amigo y exfuncionario Armando Gostanian, ubicada en el norte del conurbano bonaerense. Hoy, casi nada queda del inmueble: el predio de 6.000 metros cuadrados fue demolido y actualmente es utilizado como depósito por una concesionaria de autos.

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La situación de Menem cambió el 20 de noviembre de 2001, cuando la Corte Suprema de Justicia -conformada por una mayoría afín al gobierno- emitió un fallo que excluyó los delitos cometidos por funcionarios públicos del encuadre de asociación ilícita. Esa interpretación permitió la liberación inmediata del expresidente, cerrando uno de los capítulos judiciales más resonantes de la época.

Ahora, más de dos décadas después, la situación judicial de Cristina Kirchner podría derivar en un desenlace similar. Con 72 años, su defensa ya solicitó formalmente la prisión domiciliaria, una alternativa prevista en la Ley 26.472 para personas mayores de 70. La Justicia deberá evaluar su lugar de cumplimiento de pena, teniendo en cuenta su perfil institucional, estado de salud y condiciones de seguridad, entre otros factores.

De concretarse, la expresidenta se sumaría a la corta -pero significativa- lista de exmandatarios argentinos con penas firmes y arresto domiciliario. En contraste, otros expresidentes como Fernando de la Rúa también enfrentaron causas judiciales -como la de las coimas en el Senado- pero resultaron absueltos, como ocurrió en su caso en 2013.

La comparación entre Menem y Kirchner pone en evidencia cómo el poder y la justicia siguen cruzándose en la historia democrática argentina, con consecuencias que impactan no solo en los protagonistas directos, sino en el clima político e institucional del país.