La historia de las moratorias previsionales nace en el 2005 con un ardid que consistió en revivir con un decreto de necesidad de urgencia un viejo decreto del año 1993 que tenía una moratoria con vistas a que la gente se ponga al día antes de que comience el sistema de capitalización de los ‘90s. El cambio, respecto al decreto de 1993, fue que la persona cancela la primera cuota de la moratoria y le dan la jubilación desde donde le descuentan la cuota durante cinco años. Luego, se convirtió en ley.

Entre el 2005 y el 2015, la distribución de jubilaciones sin aportes con la moratoria fue masiva. Se distribuyeron tres millones de jubilaciones sin aportes. La masividad se debió a que los gestores previsionales rápidamente vieron el negocio de ofrecer "jubílese gratis" con otro ardid que consistía en que sus honorarios se pagaban con las primeras tres jubilaciones. Para las personas era gratis, porque a partir del cuarto mes empezaban a cobrar una jubilación sin haber puesto un peso.

Se dice que esto fue una política de inclusión de los adultos mayores. La respuesta es terminantemente no.

La razón es que en el año 2005, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, había dos millones de adultos mayores sin jubilación. Pero sólo 500 mil estaban en situación de vulnerabilidad. Los otros 1,5 millones tenían cónyuge con jubilación y/o tenía otros ingresos laborales y no laborales provenientes de activos reales y financieros. Las moratorias fueron un "regalo" de jubilaciones para todos y todas. En el 2015 se renueva la moratoria con el aditamento de que se incorpora un estudio socioeconómico. Un reconocimiento al error cometido.

Correspondía –claro que sí– tener una política de inclusión para los 500 mil adultos mayores que estaban en situación de vulnerabilidad y no tenían jubilación. Pero esta situación había que atenderla con una pensión no contributiva. No regalándole una jubilación contributiva.

Regalando una jubilación contributiva a gente que no hizo aportes se cometió una inequidad con la gente que sí hizo aportes. Además, se comprometieron estructuralmente las finanzas del sistema previsional, porque hoy hay más gente jubilada sin aportes con las moratorias (3,6 millones) que con aportes (3,2 millones). Tanto es así, que el déficit previsional de ANSES –que es financiado por el Tesoro con déficit fiscal– se explica enteramente por las moratorias.

Las finanzas del sistema, cada vez en más riesgo

Pero lo peor es que las moratorias aumentan el déficit y la inequidad con el paso del tiempo, aun cuando no se renueven. Porque al ser una jubilación contributiva genera el derecho a acumular la jubilación sin aportes con la pensión del cónyuge cuando se muere.

Actualmente, ya hay un millón de jubilados que tienen jubilación y pensión donde en el 80% de los casos se está acumulando gracias a las moratorias. Esto es fiscalmente muy costoso y altamente inequitativo porque –según datos de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación– las personas jubiladas con aportes tienen una jubilación media de $125 mil y las personas con jubilación y pensión gracias a las moratorias (o sea, sin aportes) tienen un beneficio acumulado medio de $120 mil. Esto no está bien.

En el 2016 se crea la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con un diseño de pensión no contributiva a los fines de reemplazar las moratorias. La PUAM abona 80% de la jubilación mínima, diferenciándose así con una persona que hizo aportes, la cual tiene garantizada la mínima, iguala los géneros en la edad jubilatoria (65 años) y fundamentalmente no genera derecho a pensión por muerte del cónyuge, por lo tanto, corta el problema de la doble cobertura.

Pero cuando se creó la PUAM se mantuvieron las moratorias "transitoriamente" y ahora se tiene los dos esquemas de jubilaciones sin aportes conviviendo y la "transitoriedad" devino en cuasi-permanente, como se está viendo ahora con la renovación.

La pregunta que cabe hacerse es: Con una situación fiscal tan delicada, ¿Cómo anima el gobierno a seguir distribuyendo jubilaciones sin aportes renovando las moratorias?

La respuesta no es difícil y los que pintan canas ya la sospechan. El gobierno primero licúa las jubilaciones existentes con inflación y luego promete dar nuevas jubilaciones.

Van algunos números.

Hasta junio del 2022, que es cuando comienza la aceleración inflacionaria, las jubilaciones venían creciendo a razón de 63% interanual por la fórmula de movilidad y la inflación anual era de 64%. O sea, empate.

A partir de julio 2022 la inflación se acelera. En enero 2023, la tasa de inflación anual fue de 99% y las jubilaciones –ajustadas con la regla de movilidad– crecieron sólo 72% interanual. O sea, las jubilaciones existentes perdieron 13% en términos reales por la aceleración de la inflación. Si en febrero la inflación es 6% mensual, la inflación anual será 101% y las jubilaciones habrán perdido 14%.

Claramente, la renovación de las moratorias se paga con lo que pierden los jubilados actuales. Un forma de hacer demagogia previsional históricamente utilizada en Argentina. No es novedad.

El problema va a ser para el que quiera bajar la inflación en serio.  Sea el oficialismo actual o el futuro. Porque va a tener más jubilaciones para pagar, gracias a renovación de las moratorias del 2023, sin la licuación de las jubilaciones del 2023. Porque cuando baja la inflación, la fórmula de movilidad hace que las jubilaciones recuperen lo perdido.

¿Qué va a pasar? Que se va a querer manipular la regla de movilidad para mantener la licuación de las jubilaciones y así "cerrar" los números fiscales apuntando a bajar la inflación. Las mismas peroratas que hoy se escuchan en el Congreso, se van a volver a escuchar cuando esto suceda, es decir, cuando se quiera manipular la regla de movilidad con una nueva ley en el Congreso.

Estas estrategias fiscales de manipular la regla de movilidad son un tiro por la culata porque es deuda previsional escondida, que luego se paga con retroactivos, intereses y honorarios de abogados en los juicios previsionales.

Desde el punto de vista de política previsional, lo que correspondería es no renovar las moratorias, flexibilizar los años de aportes requeridos para jubilarse en el régimen contributivo (hoy son rígidos 30 años) y mejorar el diseño de la PUAM.

La PUAM hoy tiene dos problemas. Uno, es que penaliza a la gente que tiene aportes parciales. Una persona sin aportes y otra con 29 años de aportes se jubilan ambas con la PUAM. Eliminando el requisito de los 30 años de aportes, las personas con aportes parciales deberían poder hacer el cálculo de cuánto les corresponde con los aportes parciales y, si es más que la PUAM, obtener la jubilación que se deriva de sus aportes. Caso contrario, tienen garantizada la PUAM.

El otro defecto de la PUAM es que prohíbe trabajar. Las personas que reciben la PUAM no son discapacitadas. Son personas que reciben una pensión universal en reconocimiento a haber llegado a la edad jubilatoria. Como cualquier otro jubilado, tiene derecho a poder seguir trabajando para complementar la PUAM.

Pero, bueno, esto sería hacer diseños previsionales más apropiados. Difícil, porque en Argentina, prácticamente en todo, pero mucho más en temas previsionales lo único que se hace es inventar "parches".

Es una actitud irresponsable porque quieren pagaran los costos de los "parches" son los niños actuales, de los cuales el 52% es pobre. O sea, con pocas perspectivas de acumular capital humano suficiente como para pagar, cuando ellos sean adultos, los "parches" previsionales que sancionan los adultos actuales.