El Senado avanzó este miércoles con la nueva ley de Discapacidad, dejando el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, consiguió dictamen en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por los senadores Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Alicia Kirchner (Justicialista). 

La propuesta legislativa -denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad- busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente que asegure previsibilidad, financiamiento definido y mecanismos de control en la materia.

Durante el debate, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el consenso alcanzado y subrayó la necesidad de transparentar el sistema mediante auditorías. "Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad y generar previsibilidad. El sistema debe contar con auditorías y controles transparentes para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades", sostuvo Bullrich, al tiempo que remarcó que "esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad".

Por su parte, sectores de la oposición expresaron reparos sobre el procedimiento. La senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) cuestionó que el texto no fuera discutido previamente con el Estado nacional como autoridad de aplicación ni con las organizaciones del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis). En tanto, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio también cuestionó el trato que el Gobierno ha dado al sector en los últimos años, aunque confirmó que su bloque acompañará el dictamen de mayoría para garantizar la continuidad de la protección legal y evitar que la ley de emergencia quede sin efecto.

Entre sus puntos centrales, la iniciativa establece la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y otros programas sociales como la AUH por discapacidad. Asimismo, fija que los gastos del sistema se cubrirán con partidas específicas del Ministerio de Salud (y fondos de la Jurisdicción 91 del Presupuesto), asegurando que el financiamiento no sea inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. 

El texto también incorpora un cronograma para regularizar los pagos adeudados a los prestadores de servicios y un mecanismo de notificación fehaciente con un plazo de 60 días para que los afectados presenten sus descargos antes de que la autoridad revise cada caso. Con el dictamen ya obtenido, la intención del oficialismo es incluir el proyecto en la sesión del 19 de noviembre para lograr su sanción definitiva antes del cierre del período ordinario.