El empresario argentino Luis Grande, propietario de la compañía aérea Baires Fly, reveló que percibió US$ 150.000 por operar el vuelo privado que trasladó al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia desde la provincia de Misiones hacia Estados Unidos. Según explicó el propio empresario desde Florida, la operación no fue contratada de forma directa, sino a través de un intermediario del sector aeronáutico radicado en ese estado norteamericano con quien mantiene una relación comercial desde hace una década.

Grande detalló a la agencia de noticias AFP que el pago se realizó mediante una transferencia bancaria desde la cuenta de una empresa en un banco estadounidense hacia una entidad financiera en la Argentina. El dueño de la aeronave se negó a revelar la identidad del intermediario, aseguró que desconoce quién fue el contratante final y afirmó que el propio broker le manifestó que tampoco conocía a Bolsonaro antes de la transacción.

La declaración del empresario se conoció luego de que el diario The New York Times publicara que el avión habría sido contratado por Jason Miller, asesor del presidente estadounidense Donald Trump, versión sobre la cual la Casa Blanca no se ha pronunciado hasta el momento.

El vuelo de Bolsonaro se concretó luego de que el legislador lograra salir de su país a pesar de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar el territorio nacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. Para concretar el viaje, la familia cruzó por tierra la frontera desde Brasil hacia la Argentina.

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La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa y solicitó informes a Migraciones, Cancillería y fuerzas de seguridad. Se investiga si la administración de Javier Milei encubrió el traslado del dirigente brasileño a través de la Argentina hacia Miami, en medio de sospechas sobre controles irregulares y una custodia oficial.

De acuerdo con los registros oficiales de Migraciones, el senador ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22:50 por el Puente Internacional Tancredo Neves junto a su esposa y sus dos hijas. La familia presentó documentación habilitada para viajar y no registraba alertas o impedimentos en los sistemas locales para transitar por suelo argentino.

Poco después, a las 23:30, abordaron en el aeropuerto de Puerto Iguazú una aeronave Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la flota de Baires Fly. El avión despegó a las 00:21 del miércoles con destino inicial declarado hacia Guayaquil, Ecuador, para luego continuar su trayecto rumbo a la ciudad de Miami.

La salida del dirigente del territorio nacional generó fuertes repercusiones y cuestionamientos políticos. Frente a las críticas, el Gobierno nacional negó haber colaborado de forma irregular con la maniobra y confirmó la entrega a las autoridades judiciales de todos los registros migratorios y las actuaciones correspondientes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En esa línea, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que Bolsonaro ingresó con papeles en regla y aclaró que sobre él no pesaba ninguna alerta roja de Interpol, por lo que la prohibición judicial emitida en Brasil no implicaba de forma automática una restricción migratoria en la Argentina.

En el plano judicial, se abrieron investigaciones para determinar la actuación de los organismos locales. En los tribunales de Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa impulsa medidas preliminares en una causa contra el presidente Javier Milei y miembros de su Gabinete por presunto encubrimiento. En forma paralela, en la justicia federal de Puerto Iguazú se tramitan actuaciones a raíz de una denuncia formulada por la diputada Marcela Pagano, con el objetivo de reconstruir la información que poseían las autoridades argentinas antes del despegue del avión.