En busca de la verdad
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Si el rechazo se concreta el 15 de octubre, se reactivarían las leyes de Alquileres, Tierras, Abastecimiento y Góndolas, además de los controles a las prepagas. El oficialismo negocia con gobernadores para frenar el quórum.
La convocatoria opositora a una sesión especial para el próximo 15 de octubre en la Cámara de Diputados abrió un escenario de máxima tensión institucional alrededor del DNU 70/2023, la piedra basal con la que Javier Milei desreguló la economía al inicio de su mandato. Con el rechazo que el Senado ya le propinó en marzo de 2024, una votación negativa en la Cámara Baja completaría el mecanismo estipulado por la Ley 26.122 y sellaría la derogación definitiva del texto, restableciendo de manera automática un amplio abanico de regulaciones y controles estatales sobre el mercado.
El detonante de la ofensiva parlamentaria fue el fallo judicial sobre el artículo 154, referido a los límites para la compra de campos por parte de extranjeros, lo que reactivó la discusión sobre la totalidad de los 366 artículos del decreto. En el plano cotidiano de los hogares, el impacto más inmediato sería el restablecimiento de la Ley de Alquileres, lo que devolvería los contratos obligatorios a plazos mínimos de tres años y esquemas de ajuste semestral atados a fórmulas oficiales. A la par, el Estado recuperaría la facultad regulatoria sobre las cuotas de la medicina prepaga, obligando a las empresas del sector a solicitar autorizaciones previas para aplicar aumentos a sus afiliados.
El regreso del marco normativo anterior reactivaría herramientas de control sobre el comercio interior como la Ley de Abastecimiento, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar márgenes de ganancia y sancionar conductas especulativas, junto con la Ley de Góndolas, orientada a garantizar espacio a pequeñas y medianas empresas en supermercados. En el frente externo, se reinstalarían el registro obligatorio para importadores y exportadores, los límites discrecionales al comercio internacional y la Ley de Compre Nacional, que otorga prioridad a proveedores locales en las licitaciones públicas. Asimismo, volvería a tener funciones plenas el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un punto que tracciona con fuerza el respaldo de legisladores misioneros a la derogación.
La caída del megadecreto también alteraría el tablero patrimonial del Estado. Quedaría sin efecto la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas con miras a su privatización, regresando al régimen de Sociedades y Empresas del Estado, al tiempo que se revertiría la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). En el caso de Aerolíneas Argentinas, se daría de baja la cláusula que permitía ceder acciones a los empleados bajo el Programa de Propiedad Participada. En paralelo, quedaría bajo revisión la política de cielos abiertos y el marco de liberalización del internet satelital que facilitó la llegada de compañías como Starlink.
En Balcarce 50 confían en que la oposición no alcanzará los 129 diputados indispensables para abrir el recinto. Para bloquear esa posibilidad, el oficialismo evalúa canalizar una solución propia para las tierras rurales dentro del debate de la Ley de Soberanía Nacional, que ya comenzó a tratarse en comisiones. Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceleró negociaciones políticas con los gobernadores que participaron de la comitiva oficial en Francia, tejiendo entendimientos electorales para garantizar que los legisladores provinciales no bajen a dar número en la sesión del 15.
