En el marco de las actividades de la Argentina Week en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente Diego Santilli presentaron oficialmente el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina. La iniciativa, que comenzará a recibir solicitudes formales durante el cuarto trimestre de 2026, apunta a captar capitales extranjeros y reforzar la posición fiscal del Tesoro dentro de la estrategia de desregulación y apertura que encabeza Javier Milei. Caputo explicó que la idea se originó tras un foro en Sun Valley, Estados Unidos, y destacó que el trámite no solo conferirá la nacionalidad sino también el pasaporte argentino, posicionándose entre los esquemas de radicación de mayor estándar a nivel global con el asesoramiento de Juan Pazo, ex titular de ARCA, desde la Jefatura de Gabinete.

El mecanismo contempla dos modalidades de ingreso formal: los postulantes individuales podrán optar por realizar un aporte directo no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o suscribir un título público a tasa cero por USD 800.000, emitido exclusivamente para este fin. La propuesta habilita además la extensión del beneficio al grupo familiar mediante desembolsos escalonados a través del sistema bancario formal, estipulando USD 100.000 para cónyuges o hijos solteros de entre 18 y 25 años sin descendencia, y USD 25.000 para menores de 18 años, permitiendo que una familia tipo acceda al régimen con una inversión global de USD 500.000.

Controles de seguridad financiera y definición de Migraciones

Para blindar la transparencia y el prestigio internacional del documento argentino, el programa aplicará normativas de debida diligencia alineadas con las pautas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), complementadas con el asesoramiento de firmas especializadas en movilidad patrimonial global. La instrucción de los expedientes estará en manos de la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que coordinará el análisis interdisciplinario junto con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

Este filtro técnico auditará minuciosamente el origen y la trazabilidad de los fondos, el perfil impositivo y patrimonial de los candidatos, el nivel de riesgo de sus países de origen y sus antecedentes penales, migratorios y reputacionales. Tras completar la evaluación de seguridad nacional y financiera, la Agencia remitirá su dictamen no vinculante a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que conservará la facultad legal exclusiva y definitiva para aprobar o denegar cada concesión.