Declaraciones del ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Torconal, encendieron el debate diplomático en la región al combinar un respaldo formal a la posición de la Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas con una férrea defensa de los vínculos comerciales directos entre la zona austral de su país y el archipiélago. En declaraciones a la prensa de la región de Magallanes, el funcionario trasandino remarcó que existe una situación de hecho vinculada al control británico por más de dos siglos y abogó por una resolución pacífica que contemple la voluntad y los intereses de los habitantes de las islas.

La controversia escaló luego de que la cartera de Defensa chilena convalidara la puesta en marcha de un corredor marítimo comercial que unirá la ciudad de Punta Arenas con Puerto Argentino. La iniciativa cobró fuerza tras el entendimiento suscripto a comienzos de mes por la naviera privada Eastern Islands con las autoridades coloniales isleñas, un movimiento que, según Barros Torconal, responde al legítimo derecho de los operadores locales de desarrollar actividades mercantiles y de intercambio en el marco de la legislación vigente.

Cuestionamiento a los compromisos del Mercosur

La postura chilena introduce rispideces en momentos en que la Casa Rosada resolvió endurecer su política exterior contra la exploración de hidrocarburos en la cuenca malvinense, anunciando sanciones contra corporaciones foráneas. Al ser consultado sobre las actividades extractivas en el Atlántico Sur, el funcionario trasandino reconoció que se trata de un tema conflictivo, aunque relativizó las resoluciones conjuntas adoptadas por los bloques regionales.

En ese sentido, Barros Torconal sostuvo que los compromisos asumidos oportunamente por Santiago en el ámbito del Mercosur y la Unasur poseen un valor estrictamente declarativo y político antes que un mandato obligatorio desde el punto de vista jurídico. El pronunciamiento choca contra los alcances de la declaración regional de 2011, instrumento mediante el cual los Estados parte y asociados se comprometieron a vedar el ingreso a sus puertos de embarcaciones con la bandera colonial de las islas y a restringir cualquier respaldo logístico a la explotación no autorizada de recursos naturales.