Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por la jefa de misión para la Argentina, Joyce Wong, llegará este lunes al país para dar inicio a la tercera revisión del acuerdo con el Gobierno, una instancia clave que podría habilitar un nuevo desembolso por aproximadamente US$900 millones. 

Este monto corresponde a los fondos pendientes del cronograma anual, luego de que en mayo el directorio autorizara un giro de unos US$1.000 millones tras completar la segunda revisión. De esta forma, de los US$1.900 millones programados para 2026, restan cerca de US$900 millones -equivalentes a 636 millones de Derechos Especiales de Giro- sujetos al avance de las conversaciones técnicas y a la posterior aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo. 

La macro respira, la micro se asfixia

Analistas

Mientras la Bolsa celebra, los bonos mejoran y el riesgo país perfora mínimos, la economía real sufre los efectos de la sequía de liquidez, la alta presión fiscal y el atraso cambiario. El desafío de evitar que el orden macroeconómico ahogue al sector productivo.

La llegada de los delegados internacionales se producirá en simultáneo con una semana de intensa actividad para la cúpula económica, ya que mientras los técnicos comiencen sus reuniones en Buenos Aires, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La auditoría del FMI tomará como referencia los números de la economía al cierre del segundo trimestre, poniendo el foco principal en dos variables críticas del programa: el cumplimiento del resultado fiscal, cuya meta anual exige un superávit primario de 1,4% del PBI, y la evolución en la acumulación de reservas internacionales.

El Gobierno llegará a estas negociaciones con proyecciones optimistas respaldadas por los datos oficiales incluidos en el Presupuesto 2027, donde se estima que el resultado primario de 2026 finalizará en el 1,5% del PBI y el financiero arrojará un saldo positivo de 0,2%. De cumplirse estas previsiones, la administración libertaria cerraría el año 0,1 punto del PBI por encima de la meta exigida por el organismo multilateral, un logro con el que el Ejecutivo busca blindar su principal ancla económica y política, aun cuando persistan ciertos desafíos en torno al cumplimiento de las metas intermedias.