Las senadoras de La Libertad Avanza Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta avanzaron este lunes con el tratamiento del proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo y comenzaron una ronda de conversaciones con otras fuerzas políticas y autoridades provinciales para sumar consensos.

En ese marco, las legisladoras mantuvieron reuniones virtuales junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y representantes sanitarios de distintas jurisdicciones. Durante la jornada participaron funcionarios de Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

Las conversaciones continuarán este martes con otros dos encuentros. Por la mañana está prevista la participación de autoridades de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones, mientras que por la tarde será el turno de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

La iniciativa es analizada en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, encabezadas por las senadoras oficialistas Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, respectivamente.

Como parte del debate, el Senado ya recibió a funcionarios del área de Salud Mental del Ministerio de Salud y realizó dos jornadas de exposiciones en las que participaron más de 70 invitados, entre especialistas, organizaciones no gubernamentales, familiares de pacientes, asociaciones profesionales, trabajadores del sector y funcionarios provinciales.

Uno de los principales cambios que propone el proyecto es ampliar el capítulo de Derechos y Garantías, incorporando acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria. Estas disposiciones funcionarán como un piso mínimo para todo el país, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán establecer regulaciones más amplias.

La iniciativa también incorpora las denominadas Reglas Nelson Mandela para el tratamiento de personas privadas de la libertad e integra el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas y tratamientos vinculados a la salud mental.

Otro de los puntos establece que los pacientes podrán aceptar o rechazar anticipadamente determinados tratamientos. La atención deberá ser brindada por equipos interdisciplinarios, de acuerdo con los recursos disponibles en cada jurisdicción, y se habilitará la teleconsulta para ampliar el acceso en distintas zonas del país.

En cuanto a las internaciones, será necesaria la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de ellos médico y preferentemente psiquiatra. La internación involuntaria solo podrá aplicarse cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.

El texto también prevé que cada tratamiento se adapte a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación emocional y mental de la persona.

En los casos de alta, la decisión deberá ser comunicada con anticipación a familiares o representantes legales para coordinar las condiciones de egreso. Si el paciente no cuenta con una red familiar capaz de acompañarlo, el Estado deberá garantizar dispositivos y apoyos comunitarios.

Además, podrán establecerse medidas de seguimiento posteriores al alta durante un plazo de hasta seis meses, con tratamiento ambulatorio y controles judiciales cada 30 días.

Para niños, niñas y adolescentes, el proyecto incorpora reglas específicas sobre consumo problemático de sustancias. La atención deberá realizarse con equipos especializados en salud infantojuvenil y en espacios diferenciados de los destinados a adultos.

También se incorporan principios de autonomía progresiva, derecho a ser escuchado, confidencialidad, abordaje familiar y no criminalización, junto con mecanismos de coordinación entre la Nación y las provincias.