El gobierno de Javier Milei dio este miércoles un paso legislativo clave en su estrategia económica al conseguir dictamen de mayoría para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa diseñada para prohibir de forma tajante el financiamiento monetario del déficit fiscal y redefinir los objetivos de la entidad, dejándola lista para ser debatida en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión prevista para el próximo 26 de agosto, jornada en la que también se discutirá el proyecto de Inocencia Fiscal II. 

Para alcanzar el aval en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, La Libertad Avanza tejió los acuerdos necesarios y cosechó el respaldo político del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo.

El proyecto oficialista introduce cambios estructurales respecto al funcionamiento histórico de la autoridad monetaria, desarmando los cimientos de la normativa vigente desde 2012. Entre sus ejes principales se destaca la prohibición explícita de otorgar adelantos transitorios y de comprar títulos públicos en el mercado primario, obturando los mecanismos tradicionales de asistencia financiera al sector público. Asimismo, se modifica el mandato institucional implementado durante el kirchnerismo -que sumaba objetivos de empleo y desarrollo social- para consagrar como misión excluyente del BCRA la preservación del valor de la moneda.

En la misma línea, la normativa establece que quedará prohibido girar al Tesoro utilidades contables o generadas por diferencias cambiarias, obligando a que los superávits financieros se destinen a cancelar pasivos, sanear el balance o recomponer el patrimonio del organismo, además de eliminar herramientas como las Letras Intransferibles. 

Para blindar institucionalmente a la entidad, se fijó que para remover al presidente del BCRA o a los miembros del directorio se exigirá la acreditación de una causal grave y la aprobación por una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

El debate previo en el plenario estuvo atravesado por fuertes cruces políticos, desatados tras las exposiciones de los economistas Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira y Aldo Abram, quienes fueron convocados por el oficialismo para defender técnicamente los alcances de la reforma.

Las rispideces escalaron hasta el punto de que los legisladores de Unión por la Patria decidieron retirarse de la sala en señal de protesta tras cuestionar a los especialistas invitados, sin lograr articular un dictamen de rechazo unificado. Pese a la salida del bloque opositor, el oficialismo consolidó los apoyos necesarios, estampó las firmas reglamentarias y dejó el camino despejado para la discusión parlamentaria definitiva.