El antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni complicó las negociaciones que lleva adelante el oficialismo en la Cámara de Diputados para avanzar con el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. La principal discusión gira en torno a la posibilidad de que funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias.

Adorni había solicitado, junto a su esposa Bettina Angeletti, adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pocos días antes de dejar su cargo y en medio de una causa en la que ambos son investigados por presunto enriquecimiento ilícito.

Ese antecedente se convirtió ahora en uno de los principales puntos de conflicto entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición, que cuestionan que el nuevo proyecto no excluya a los funcionarios públicos entre sus potenciales beneficiarios.

Pese a las diferencias, el oficialismo buscará conseguir este miércoles un dictamen de mayoría durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, previsto desde las 11 en el Anexo C de la Cámara de Diputados.

Desde La Libertad Avanza mantienen la intención de avanzar con la iniciativa, aunque reconocen las resistencias que genera dentro de la negociación parlamentaria la situación de los funcionarios.

Si consigue superar la instancia de comisiones, el proyecto podría llegar al recinto durante agosto. Inicialmente se evaluaba una sesión para el 19, aunque en las últimas horas comenzó a tomar fuerza el 26 de agosto como posible fecha para tratar Inocencia Fiscal junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto amplía el universo de personas que pueden acceder al régimen simplificado de Ganancias y tiene como uno de sus objetivos facilitar que ahorros informales o no declarados ingresen al circuito económico formal.

Durante una reunión informativa realizada la semana pasada, funcionarios del Ministerio de Economía defendieron la propuesta y explicaron sus alcances. Participaron la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central Martín Vauthier.

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición es que la iniciativa podría funcionar como un "blanqueo permanente" y favorecer la evasión impositiva, especialmente por la posibilidad de que funcionarios públicos puedan utilizar el régimen.

Balestrini rechazó esas críticas y sostuvo que no se trata de una regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada. También señaló que los funcionarios continuarán obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.

Además, aseguró que el proyecto no elimina las facultades de fiscalización ni modifica las leyes contra el lavado de dinero y la evasión.

Por su parte, Imirizaldu explicó que las sociedades no podrán ingresar al régimen y que las personas que quieran utilizarlo deberán mantener la condición de residentes fiscales argentinos.

Desde el Banco Central, Vauthier estimó que los argentinos mantienen aproximadamente 170 mil millones de dólares en efectivo fuera del sistema financiero, una cifra que consideró incluso como un posible piso. Como comparación, indicó que los depósitos privados en moneda extranjera dentro del sistema financiero superan actualmente los 40 mil millones de dólares.

Según explicó, el objetivo de la iniciativa es facilitar la formalización de ese volumen de ahorros sin que quienes los incorporen al circuito formal sufran penalidades.