El Ministerio de Salud de la Nación fija un esquema para casos que no representen urgencias ni pongan en riesgo la vida. Cómo será el mecanismo
El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó el cobro de la atención médica no urgente a extranjeros no residentes en hospitales nacionales. La medida deriva del DNU 366/2025, que introdujo modificaciones en la Ley de Migraciones.
La nueva normativa establece que, cuando una persona extranjera no residente cuente con un seguro de salud, el establecimiento podrá facturar el costo de la atención directamente a la aseguradora. En caso de no disponer de cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la prestación.
La decisión quedó formalizada en el Boletín Oficial mediante el "Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional".
Sin embargo, la atención ante emergencias continuará garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria. En estos casos, la asistencia no podrá ser negada ni demorada por cuestiones administrativas o por falta de pago.
La normativa considera emergencia a toda situación que implique un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales. Entre ellas se incluyen infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias importantes y urgencias obstétricas, pediátricas o neonatales.
Una vez superada la emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser cobradas al paciente extranjero no residente o a su compañía de seguros, según corresponda.
Por otra parte, los extranjeros con residencia permanente mantendrán el acceso al sistema de salud nacional en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos. Para acreditarlo deberán presentar un DNI vigente en el que conste su categoría migratoria.
La resolución establece además un procedimiento uniforme para los hospitales dependientes del Estado nacional y fija las pautas para recuperar los costos derivados de la atención a extranjeros no residentes.
El objetivo es unificar los mecanismos administrativos y financieros de los establecimientos nacionales, sin modificar la obligación de brindar asistencia inmediata cuando exista una emergencia médica.