La Casa Rosada comenzó a evaluar las consecuencias políticas que dejó el revés sufrido en el Senado, donde el oficialismo se vio obligado a retirar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que contemplaba cambios en la venta de tierras a extranjeros. La falta de votos y el creciente rechazo de distintos sectores terminaron por frustrar una negociación que el Gobierno consideraba encaminada.

En los días previos a la sesión, los operadores libertarios ya advertían dificultades para alcanzar los apoyos necesarios en la Cámara alta. Sin embargo, confiaban en revertir el escenario mediante negociaciones de último momento. Finalmente, varios gobernadores que inicialmente acompañaban la propuesta modificaron su posición ante el costo político que podía representar respaldar el capítulo.

"La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos", reconoció un integrante de la estructura política del Gobierno, al describir cómo se fueron perdiendo los votos necesarios.

Dentro del oficialismo consideran que el episodio no necesariamente anticipa lo que ocurrirá con otros proyectos enviados al Congreso. La interpretación predominante es que se trató de una situación particular, atravesada por errores políticos y problemas en la estrategia de negociación. Sin embargo, también admiten que una nueva derrota de características similares podría encender señales de alerta.

"Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador", señaló otro dirigente cercano a las conversaciones.

El escenario contrasta con lo ocurrido durante las sesiones extraordinarias, cuando el Ejecutivo consiguió avanzar con iniciativas relevantes, entre ellas la Ley de Modernización Laboral. Ahora, con un calendario electoral cada vez más presente, en el Gobierno reconocen que los mandatarios provinciales tienen mayores condicionamientos para acompañar reformas que puedan generar costos políticos en sus distritos.

La preocupación también pasa por las próximas discusiones legislativas. Entre los proyectos que interesan al presidente Javier Milei aparecen la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, cambios vinculados con la Ley de Inocencia Fiscal y la Reforma Política, especialmente una eventual suspensión de las PASO.

En ese contexto, dentro del oficialismo advierten que mostrar dificultades para reunir votos podría modificar las condiciones de futuras conversaciones con las provincias. "Si generamos la sensación de debilidad, los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones", reconocieron desde el entorno gubernamental.

El rechazo al capítulo sobre tierras tuvo como protagonistas a varios mandatarios provinciales. Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta; y Hugo Passalacqua, de Misiones, manifestaron públicamente su oposición y trasladaron esa postura a sus representantes en el Senado.

A esos cuestionamientos se sumaron legisladores de diferentes espacios. Alejandra Vigo, de Córdoba, anticipó su voto negativo, mientras que los radicales Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad también rechazaron la iniciativa. La acumulación de posiciones en contra terminó dejando al oficialismo sin margen suficiente para sostener el capítulo, que finalmente fue retirado antes de avanzar con el resto de la ley.