En busca de la verdad
En busca de la verdad
En la Casa Rosada analizan un paquete de reformas normativas y reestructuraciones que buscará dar respaldo legislativo a los cambios caídos en el Congreso. Ya se eliminaron más de 71.000 puestos desde el inicio de la gestión y apuntan a seguir achicando la planta pública en medio de la meta fiscal y las negociaciones con el FMI.
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A pocos meses de que comience a delinearse el escenario electoral de 2027, el Gobierno nacional puso en marcha una nueva "revisión integral" de la administración pública con el objetivo de profundizar los recortes, fusionar o eliminar organismos y continuar achicando la dotación estatal.
Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Desregulación -a cargo de Federico Sturzenegger-, aseguran que el trabajo se realiza mediante un análisis exhaustivo caso por caso, cruzando funciones, presupuestos, dotaciones y superposiciones territoriales, con la meta de enviar un nuevo proyecto que reemplace o reformule los decretos delegados de 2025 que fueron rechazados por el Congreso.
El antecedente inmediato de esta ofensiva incluye los intentos de disolución y transformación que afectaron en su momento a entidades clave como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INTA, el INTI y diversos institutos sectoriales, los cuales debieron restablecer sus estructuras anteriores tras el revés legislativo.
Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que esta nueva propuesta no será una copia exacta de aquellos decretos, sino que incorporará modificaciones adicionales sobre otras estructuras estatales y entes de regulación, en el marco de un amplio borrador normativo destinado a redefinir competencias y eliminar regulaciones.
En paralelo a la reorganización de organismos, el plan oficial contempla sostener la reducción de personal a través de la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y recortes en plantas permanentes.
De acuerdo con el último informe de Desregulación, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo en el sector público -equivalentes al 14,1% de la dotación-, generando un ahorro acumulado estimado en US$ 2.814 millones.
El impacto fue dispar: la Administración Pública Nacional (APN) redujo su personal un 20,1% y las empresas públicas un 21,5%. Según los datos del INDEC correspondientes a junio, la dotación total se ubicó en 271.696 personas (184.202 en la APN y 87.494 en empresas estatales). Si bien la meta original del oficialismo apuntaba a recortar otro 10% de la plantilla durante este año, la instrucción genera tensiones y resistencias en distintas carteras, donde advierten que ya no hay margen operativo sin afectar funciones esenciales.
La profundización del ajuste estatal se da en un delicado equilibrio fiscal. Tras cerrar junio con un déficit financiero de $1,025 billones -aunque con un primer semestre que mantuvo superávit primario y financiero-, el Ejecutivo busca blindar las cuentas ante las exigencias internacionales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta para este año un superávit primario del 1,4% del PBI y advierte que el cumplimiento de las metas requerirá seguir limitando salarios públicos, subsidios, transferencias y gastos de capital, mientras se avanza con reformas estructurales y tributarias que no pongan en riesgo la estabilidad fiscal.
