Legisladores de La Libertad Avanza y el PRO presentaron en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto para cobrar a extranjeros sin residencia permanente por el uso de hospitales públicos y estudios de grado en universidades estatales de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa se basa en la clasificación migratoria de la Ley Nacional 25.871.

El argumento central es la escasez de recursos provinciales y la necesidad de priorizar a los bonaerenses, señalando que la salud y educación públicas se sostienen con el aporte de los contribuyentes. Sostienen que la gratuidad indiscriminada perjudica a quienes dependen de estos servicios, y que en otros países la situación es diferente para los bonaerenses.

El proyecto surgió en un contexto de críticas en redes sociales tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026. El diputado Agustín Romo, impulsor de la medida, la anunció en X argumentando contra extranjeros que "estudian gratis, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina".

En el ámbito sanitario, quienes no acrediten residencia permanente deberán cubrir los costos de las prestaciones, ya sea con seguro médico, de forma particular o a través de un tercero responsable. Para atenciones programadas, se exigirá acreditar cobertura o pagar previamente. El sistema de cobro se apoyaría en el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), y lo recaudado se destinaría al Fondo Provincial de Salud.

Se aclara que nadie será rechazado en situaciones de riesgo de vida, y el cobro se activaría una vez estabilizado el paciente. Quedan exentas las víctimas de trata, acciones de prevención, vacunación y control de enfermedades transmisibles.

En las universidades, se aplicaría un arancel a extranjeros sin residencia permanente en carreras de grado. Cada institución definirá montos, formas de pago y actualización. Los firmantes argumentan que la Provincia no puede financiar ilimitadamente la formación de personas sin compromiso permanente con el país, mientras estudiantes bonaerenses necesitan mejoras.

El proyecto incluye una cláusula de rendición de cuentas, exigiendo al Ministerio de Salud y universidades la difusión anual de datos sobre prestaciones, cobros, exenciones, gastos administrativos y destino de los fondos, sin exponer datos personales. La aplicación se dividiría entre el Ministerio de Salud para el ámbito sanitario y cada universidad para el educativo.

La iniciativa permite a los municipios con centros de salud propios adherirse. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla y definir aranceles, el mismo plazo que tendrán las universidades para ajustar sus normas.

Además de Romo, firmaron el proyecto Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Carla Pannelli, Héctor Gay, Maximiliano Bondarenko y Florencia Retamoso.