El régimen de Irán volvió a generar rechazo internacional tras confirmarse la ejecución de un joven de 26 años vinculado a las protestas de enero. La agencia oficial del Poder Judicial ratificó que la pena de muerte fue aplicada a Mehdi Khaneki tras acusarlo de acciones operativas en beneficio de Israel y Estados Unidos.

Según el reporte de las autoridades judiciales, al joven graduado en Derecho se le imputó la portación de armamento en la ciudad de Karaj. Sin embargo, agrupaciones opositoras en el exilio denunciaron que el juicio careció de garantías y se enmarcó en un esquema de persecución política.

Denuncias de tortura y condenas pendientes

Desde el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI) emitieron un comunicado condenando el ahorcamiento de Khaneki. La entidad sostuvo que el joven estuvo sometido a torturas físicas y psicológicas en prisión, advirtiendo que decenas de activistas continúan detenidos a la espera de la ejecución de sus penas.

La muerte de Khaneki se suma a una seguidilla de casos registrados en los últimos meses. Informes judiciales y medios de prensa locales contabilizan más de una docena de ejecuciones en pocas semanas bajo cargos de pertenencia a grupos proscritos y participación en protestas callejeras.

El escenario de la oposición en el exilio

La organización opositora PMOI, prohibida dentro del territorio iraní, se mantiene como una de las fuerzas en el exilio con mayor capacidad para denunciar violaciones a los derechos humanos. Junto a sectores que respaldan a Reza Pahlavi, representa uno de los bloques disidentes al gobierno central.

El endurecimiento de las condenas judiciales refleja la estrategia de las autoridades locales para frenar las movilizaciones populares. En paralelo, organismos globales reiteran los reclamos para suspender la pena de muerte aplicada a los manifestantes en la región.