En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Ejecutivo busca definir la estrategia para modificar el sistema de cara a las presidenciales de 2027. Mientras Santiago Caputo, Diego Santilli y Patricia Bullrich impulsan cerrar acuerdos previos con las provincias para blindar los votos, el sector de Karina Milei prefiere postergar los entendimientos para no condicionar el armado libertario.
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El Gobierno nacional enfrenta marcadas diferencias internas en torno a la estrategia política para encarar la reforma electoral, uno de los proyectos prioritarios para el presidente Javier Milei de cara al escenario de 2027. Mientras un sector del Ejecutivo proyecta que la iniciativa podría tratarse en el Congreso durante agosto, en otros despachos de Balcarce 50 advierten que la negociación está en una etapa incipiente y con marcadas contradicciones tácticas.
El nudo de la discusión no pasa únicamente por la letra fina del texto -que contempla la discusión sobre las PASO y el regreso de las boletas colectoras-, sino por la secuencia política: determinar si conviene cerrar acuerdos electorales con los gobernadores provinciales antes de votar las nuevas reglas o si el oficialismo debe imponer primero la ley para luego negociar distrito por distrito desde una posición de mayor fuerza.
En la mesa política de Balcarce 50 conviven dos posturas fuertemente contrapuestas. Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, promueven la necesidad de alcanzar pactos previos con los mandatarios provinciales.
Desde esta línea argumentan que sellar entendimientos con los oficialismos locales permitirá blindar las mayorías parlamentarias necesarias, reducir el margen de incertidumbre y evitar fisuras con los bloques aliados. La lectura de este grupo es que la estabilidad de las reformas y el respaldo a la gestión no pueden quedar supeditados a la promesa de un diálogo posterior a la sanción de la norma.
El Ministerio de Desregulación avanza con proyectos legislativos para eliminar la matriculación obligatoria de corredores, agilizar el comercio exterior y habilitar la operación de buques extranjeros en puertos locales. Las iniciativas ingresarán al Congreso en medio de un clima legislativo complejo y fricciones en el oficialismo.
En la vereda opuesta se posicionan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a referentes de su entorno de gestión como Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem. Desde el sector que conduce el armado territorial del oficialismo rechazan otorgar concesiones anticipadas que puedan condicionar las candidaturas provinciales de La Libertad Avanza o limitar la autonomía del sello presidencial. Para el armismo libertario, la prioridad debe ser aprobar la reforma y mantener el control exclusivo de la "lapicera", bajo la premisa de que serán los propios gobernadores los que buscarán sumarse al activo electoral que representa la figura de Milei para las listas nacionales.
Esta puja interna se produce bajo la sombra del reciente traspié parlamentario sufrido en la Cámara Alta con el tratamiento del proyecto de Propiedad Privada, cuyo debate debió postergarse por falta de consenso y dejó expuestos contrapuntos públicos dentro del propio espacio oficialista.
El antecedente encendió las alarmas en la Casa Rosada para evitar que la reforma electoral llegue al recinto con borradores superpuestos o resistencias no resueltas. Con la eliminación o suspensión de las primarias como meta central, el Presidente considera que la sanción del nuevo marco electoral resulta decisiva para ordenar el mapa político, por lo que la resolución de la interna en la cúpula libertaria marcará el ritmo de las negociaciones en el Congreso durante las próximas semanas.
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